Expertos en privacidad admiten que la crisis permite un uso excepcional de datos personales

El presidente Pedro Sanchez habla con el ministro de Sanidad, Salvador Illa el 18 de marzo.EFE POOL/ Mariscal / GTRES (GTRES)

Un grupo de 60 abogados, académicos y expertos en privacidad han firmado una carta al Gobierno de España para apoyarle en su uso de tecnología que afecte a datos personales durante la crisis del coronavirus: “Queremos manifestar nuestro apoyo a la decisión del Gobierno de España de usar medios tecnológicos que ayuden a prevenir contagios, salvar vidas, optimizar el sistema sanitario y acabar con la pandemia”, empieza la carta, que ha sido promovida por Manuela Battaglini, abogada experta en ética de los datos, la jurista Elena Gil González, el profesor de la Universidad de Granada Javier Valls Prieto, y el profesor de la Universidad del País Vasco José Antonio Castillo Parrilla.

Esta semana han emergido tres noticias tecnológicas sobre el uso de datos vinculados al coronavirus, y por tanto a la salud: la aparición de una aplicación web en Madrid para controlarse los posibles síntomas de Covid-19 y aliviar las llamadas a emergencias, el próximo lanzamiento de una app similar para toda España desde el Gobierno y los primeros experimentos con datos de telefonía móvil en Valencia.

Con estas novedades han llegado los debates sobre cómo choca la privacidad contra otros derechos más inmediatos, como el de la vida: “Mantener la confianza de los ciudadanos en un momento de crisis como el actual, es prioritario para un Gobierno, máxime, en una situación en el que el derecho a la vida es el derecho fundamental que debe primar”, dice el texto.

La carta quiere aclarar esencialmente dos puntos básicos: el Gobierno debe poder manejar datos de manera excepcional, que ya está contemplado en el artículo 9.2 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Pero también debe tener muy en cuenta que los datos son solo para un fin y con un plazo estricto de conservación.

Los límites para la recopilación de datos personales son básicamente de tres tipos:

1. Que sea seguro y proporcional. El desarrollo de las herramientas debe ser segura y la petición de datos proporcional a su necesidad. Las autoridades no pueden aprovechar esta crisis para aumentar su control o conocimiento de la ciudadanía.

2. Que la conservación de los datos tenga un fin y caduque. El periodo de crisis debe tener un objetivo y un límite. Al acabar esta crisis, los datos más sensibles de muchos españoles, como los de geolocalización o salud, estarán en manos de muchos actores públicos y privados que pueden venderlos a terceros o reutilizarlos para perfiles que discriminen, por ejemplo. Pero los datos solo podrán ser usados para lo que se han pedido y deberán ser eliminados cuando el peligro termine. Con una sola excepción: el aprovechamiento científico de su análisis para mejorar la respuesta en crisis futuras o en “picos de Covid-19 hasta que exista una vacuna en un plazo de 18 meses”.

3. Que el desarrollo de las herramientas sea cuidadoso con los datos. En épocas de urgencias, el cuidado por los detalles es complejo. Los firmantes piden que se tenga siempre en cuenta el artículo 25 del RGPD europeo, que pide que las medidas garanticen que “los datos personales no sean accesibles, sin la intervención de la persona, a un número indeterminado de personas físicas”.

En la carta, los expertos piden la creación de un grupo específico para gestionar el manejo de datos en situaciones similares, formado por “representantes del Gobierno de España, las autoridades de protección de datos, la comunidad científica, compañías tecnológicas, expertos en protección de datos y en ética de los datos”, escriben. El objetivo sería escribir un protocolo y vigilar que no se implante “en el territorio nacional un estado de vigilancia tecnológica permanente”. Este grupo debería ser permanente, como existe en Dinamarca, y serviría para controlar el uso de datos en otras ocasiones.

Los firmantes también piden huir de “iniciativas tecnológicas privadas con ánimo de lucro que no respeten la privacidad ni los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles”.

Entre los firmantes, están Mark Coeckelbergh y Virginia Dignun, miembros del grupo de expertos de alto nivel en Inteligencia Artificial de la Unión Europea; Itziar Laka Mugarza, catedrática de la Universidad del País Vasco; Jesús Zamora Bonilla, decano de la Facultad de Filosofía de la UNED; Gemma Galdón Clavell, CEO de Eticas Research and Consulting; David Wright, CEO de Trilateral Research; Rosa Rodríguez Bailón, catedrática de Psicología Social de la Universidad de Granada; Íñigo De Miguel Beriain, profesor de la Universidad del País Vasco; Alberto González Yanes, jefe de Servicio de Estadísticas Económicas del Instituto Canario de Estadística (ISTAC); Fernando Miró, catedrático de la Universidad Miguel Hernandez o Borja Adsuara, profesor, abogado y ex director de Red.es.