Los sindicatos apoyan la ampliación del confinamiento y los empresarios se muestran contrariados

Los líderes de CC OO, Unai Sordo (izquierda), y de UGT, Pepe Álvarez.

Los dos sindicatos mayoritarios han reaccionado rápidamente al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que los trabajadores de actividades no esenciales se deberán quedar en casa apoyando la decisión. Los empresarios, por el contrario, se han mostrado contrariados por la noticia porque a su juicio supone un frenazo aún mayor para la economía y para la marcha de las industrias. Los agentes sociales ha recibido la noticia poco tiempo antes de que se hiciera pública.

“Lo importante es seguir las recomendaciones de los expertos, por eso apoyaremos la medida”, ha apuntado el líder de UGT, Pepe Álvarez. “Lo prioritario es hacer frente a la emergencia sanitaria. Si para ello hay que restringir más la actividad estamos de acuerdo”, ha apuntado el secretario general de CC OO, Unai Sordo. Sordo ha pedido, también, que los trabajadores que tengan que seguir yendo a trabajar dispongan de equipos de protección individual (EPI). Álvarez, por su parte, he declarado que está a la espera de saber cuáles son los servicios esenciales que concreta el Gobierno.

Fuentes empresariales han manifestado que “si las autoridades sanitarias entienden que hay que parar, no hay más remedio que hacerlo, porque lo más importante es la salud y luchar contra la pandemia”. Esas fuentes añaden, sin embargo, que “el parón no es una buena noticia porque va a suponer un impacto muy negativo para las economías de las empresas”. Los empresarios subrayan que, cuando la industria se para del toro, luego es muy complicado volver a coger el ritmo.

En un comunicado conjunto emitido posteriormente, CC OO y UGT han declarado que “se ponen a disposición para negociar la recuperación de esas horas, bajo el precepto de que es fundamental salvar el empleo y salvar las empresas”.

“Esperamos que la ampliación del confinamiento sirva para frenar el contagio y reducir la presión al sistema sanitario, para que éste pueda sea más eficaz en su labor de intentar sanar a las personas enfermas. Confiamos también en que las consecuencias positivas de esta medidas y este esfuerzo colectivo se vean pronto”, continúa el comunicado.

Tanto sindicatos como empresarios no habían presionado por este lado en exceso al Gobierno hasta ahora. Se atenían a lo que dictaran “las autoridades sanitarias”. Los sindicatos sí pedían la paralización de todos los sectores en los que no se pudiera garantizar la salud de los trabajadores y en los que no hubiera equipos de protección individual (EPI). Uno de esos sectores a los que apuntaban era la construcción no esencial. Entre los motivos por los que señalaban este sector, no estaba solo el riesgo de contagio, sino también la alta siniestralidad laboral de esta actividad económica y por la carga de tarea que eso podía añadir al sistema sanitario.

Los empresarios ya habían adelantado durante los días anteriores, cuando se especulaba con la posibilidad de cerrar la actividad, sus reticiencias rechazo a esta decisión. A su juicio, el cese de la actividad industrial es contrario a los intereses de la economía y sostenían que en su caso va a ser mucho más complicada la recuperación.

Los análisis con los que cuentan las organizaciones empresariales dicen que un cese de la actividad industrial mermará todavía más el crecimiento. Las previsiones indican que el impacto del coronavirus y el consecuente estado de alarma recortarĺa en ocho puntos porcentuales el crecimiento del PIB si no se toman medidas. En ese caso, el recorte sería inferior. En todo caso, la previsión es que este año haya un retroceso de en torno al 3% para volver a un incremento de alrededor del 2% en 2021.

Las patronales CEOE y Cepyme, en el comunicado en el que rechazaban las nuevas medidas aprobadas el viernes por el Gobierno en las se vetan los despidos objetivos por causa mayor, señalaron que las empresas estaban “empujando para evitar un parón aún mayor de la actividad empresarial, siempre priorizando, como no podía ser de otra manera, la seguridad y la salud de los ciudadanos”.

A su juicio, las medidas “van a impedir poner las bases de la necesaria recuperación económica de España y llevarán en última instancia a un mayor nivel de desempleo”. Para las patronales, “no van en la dirección correcta, sino que, muy al contrario, serán perjudiciales para el equilibrio económico, la salud de las cuentas públicas, aumentando considerablemente el déficit, y reducirán de forma importante la confianza de los inversores, que son fundamentales para la estabilidad financiera y la recuperación económica de este país”.

También destacaron que “cuando un gran número de empresas, especialmente pymes y autónomos, están luchando para evitar el cierre en un contexto que ya se anuncia de recesión mundial, rechazamos de forma tajante que el Gobierno trate de arrojar sospechas y desconfianza sobre el empresariado”.

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