Paralización de desahucios o moratorias de renta: las propuestas sobre alquiler que debate el Gobierno

Una mujer pasa ante el escaparate de una inmobiliaria, en una imagen de archivo.

El Consejo de Ministros debatirá este martes qué hacer con los alquileres ante la crisis creada por la Covid-19, un asunto que ha levantado ampollas en las últimas semanas en el Gobierno de coalición y sobre el que todavía no existe consenso. La principal discrepancia se mantiene sobre qué hacer con las rentas impagadas de los arrendatarios vulnerables a raíz de la emergencia sanitaria, pero el Ejecutivo revisará otras medidas sobre las que a priori existe un mayor grado de acuerdo.

La propuesta que llevará el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento, que es el que tiene las competencias estatales en materia de Vivienda) incluye una paralización de los desahucios durante seis meses, el mismo periodo por el que se prorrogarán automáticamente todos los contratos de alquiler cuyo vencimiento se produzca durante el periodo de estado de alarma, que se declaró el pasado 14 de marzo y tiene una duración provisional hasta el próximo 11 de abril.

En cuanto a la medida de mayor calado, la de aquellos que no pueden afrontar las rentas, el departamento que encabeza José Luis Ábalos propone diferenciar las situaciones entre pequeños o grandes arrendadores. Cuando el propietario sea uno de estos últimos, se aplicará una moratoria de cuatro meses sobre la renta. Es decir, durante ese periodo el inquilino no tendrá la obligación de pagar el alquiler. El debate entre las alas gubernamentales de PSOE y de Unidas Podemos llega con qué hacer una vez superados esos cuatro meses.

La propuesta de la formación que encabeza el vicepresidente Pablo Iglesias es que el Estado asuma directamente el pago de las rentas de inquilinos vulnerables pero que los pagos a los propietarios sean variables. Para aquellos que arriendan hasta dos pisos, se abonaría el 100% y ese porcentaje iría bajando hasta el 5% para propietarios con más de 9 viviendas en arrendamiento. Fomento apuesta por otra fórmula, que ha pactado con Economía y Hacienda, que consiste en que los inquilinos devuelvan poco a poco lo que no hayan pagado, para lo que se ha propuesto incluso un plazo de diez años.

En el caso de los pequeños propietarios, preocupan los efectos del impago de rentas, ya que como aseguró la vicepresidenta Nadia Calviño la semana pasada, muchos necesitan también de esos ingresos para vivir. En ese caso la propuesta de los departamentos encabezados por ministros socialistas es que el Estado habilite una línea de préstamo inmediato a través del ICO para que los inquilinos que se ven en situación de vulnerabilidad a raíz de la epidemia sigan pagando rentas con normalidad. El interés de esa línea de financiación lo cubriría el Estado y luego los prestatarios tendrían hasta seis años para devolverlo.

En el caso de los inquilinos que vayan a quedar en una situación de vulnerabilidad estructural, es decir, que superada la crisis sanitaria tampoco vayan a poder afrontar el pago de rentas, lo que se plantea es una reorientación del Plan Estatal de Vivienda para amparar esas situaciones, bien sea mediante la reubicación de esos arrendatarios en viviendas sociales o bien para que el Estado les pague la renta hasta que se les encuentre una alternativa donde vivir. El ministerio de Transportes calcula que el impacto global de todas estas medidas ronda los 700 millones de euros, aunque está por ver en qué forma serán aprobadas finalmente. El debate, señalan fuentes del Gobierno, es intenso desde el pasado jueves y no se ha detenido en las últimas horas, así que los ministros de uno y otro lado llegarán al Consejo de mañana con la idea de que hay que usar fondos públicos para ayudar a los inquilinos pero sin visos de que el acuerdo se vaya a cerrar fácilmente.

Las inmobiliarias piden ayudas directas

Desde que el Gobierno se comprometió a aprobar medidas de apoyo sobre los alquileres, el debate se ha trasladado al sector inmobiliario, que ha hecho sus propias propuestas. Este lunes, la Federación Nacional de Agencias Inmobiliarias (FAI) ha pedido al Gobierno un “plan de choque” para paliar los efectos negativos de la crisis del coronavirus en el sector. La organización, que representa a 840 agencias y unos 3.800 profesionales en toda España, reclama ayudas directas a inquilinos durante seis meses. En los criterios de concesión se valoraría “su nivel de ingresos y su situación de vulnerabilidad”, señala la federación en un comunicado, y se podrían beneficiar tanto los inquilinos de vivienda como las empresas que arriendan los locales donde desarrollan su actividad.

Además, FAI también propone para empresarios en dificultades un pago aplazado sin intereses de las cuotas de hipoteca y de los impuestos derivados de su actividad hasta finales de 2020. Otra medida tributaria que sugiere, para no perjudicar el mercado de compraventa de viviendas, es que los impuestos que gravan las transmisiones (el de Actos Jurídicos Documentados y el IVA) se reduzcan al 50% durante este año. En ese caso, la medida se aplicaría solo sobre inmuebles con un valor inferior a los 500.000 euros. La federación asegura que su actividad ha caído alrededor de un 95% a raíz de la declaración del estado de alarma.

“Huelga” de alquileres

También este lunes, los sindicatos de inquilinos han anunciado una acción colectiva, que ellos denominan “huelga”, para que los arrendatarios no paguen los alquileres en abril. Estas organizaciones que defienden una mejor accesibilidad al mercado de arrendamiento alertan de “una cascada de impagos de alquileres masiva que va a desembocar en una nueva crisis de vivienda”. Ante esa situación, exigen al Gobierno “que suspenda el pago de los alquileres” y, al no tener respuesta del Ejecutivo, llaman una “respuesta colectiva” para que los inquilinos que se ven afectados por la actual crisis no paguen sus alquileres desde el próximo mes.

Fuentes de ese sindicado señalan que no se trata de una huelga con cobertura legal como tal (en España las huelgas solo pueden ser laborales), pero creen que el contexto ayudará a que los tribunales no traten estos casos como meros impagos de alquiler. “Si miles de personas nos negamos a pagar y lo hacemos bajo la cobertura de la huelga y de un mismo movimiento, nadie podrá hacer nada contra nosotras”, señalan en un comunicado. A la vez, han puesto en marcha una web y campaña de recaudación en línea para crear una caja de resistencia en la que, calculan, necesitarían un mínimo de 30.000 euros y una cantidad óptima de 100.000 euros. La mayor parte de ese dinero se destinará según sus planes a la defensa jurídica de los inquilinos que no paguen y sean demandados.