Los inquilinos podrán pedir préstamos al Estado para pagar hasta seis mensualidades de alquiler

Una inmobiliaria anuncia un alquiler, este martes en Madrid.Marta Fernández Jara / Europa Press

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un nuevo decreto que contempla ayudas para los inquilinos en situación de vulnerabilidad por la emergencia sanitaria. Tras dos semanas de tira y afloja en el seno del Gobierno de coalición, el lunes se alcanzó un consenso que se verá plasmado en el texto definitivo. La idea básica es que las ayudas se darán en forma de préstamo, como defendía el ala socialista del Ejecutivo, mediante créditos del ICO con aval estatal. Pero el sector de Podemos ha logrado que se distinga entre grandes y pequeños propietarios a la hora de aplicar las soluciones y ha introducido también ayudas directas en algunos supuestos, que se deberán concretar próximamente en el Plan Estatal de Vivienda. “Si se produce la situación en que hay inquilinos que finalmente no pueden pagar [los créditos], el Estado no les va a dejar tirados”, ha defendido el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

Para los arrendatarios en dificultades, el primer paso será ver quién es su arrendador. Si la vivienda la alquilan a una empresa, una entidad pública o un gran propietario (que se define como el que tiene más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados) podrán pedir automáticamente una moratoria de pago por un máximo de cuatro meses. El propietario de la casa podrá entonces ofrecer dos opciones: rebajar la renta al 50% durante un máximo de cuatro meses u ofrecer una moratoria de pagos por ese mismo periodo que luego se fragmentará para ser devuelta durante un máximo de tres años.

Cuando el arrendador sea un pequeño tenedor, que son mayoritarios en el mercado español de alquileres, también existirá la posibilidad de pactar una moratoria, pero el propietario podrá negarse. Entonces se activa el segundo mecanismo, al que pueden acogerse todos los inquilinos, que consiste en los microcréditos a interés cero que dará el ICO. Estos préstamos cubrirán un máximo de seis mensualidades de renta y luego se devolverán durante seis años, ampliables en cuatro más si los prestatarios no logran saldar su deuda en el periodo inicial. Si transcurrido el plazo inicial y la prórroga el inquilino no ha podido pagarlo y se acredita su vulnerabilidad, el Estado asumirá directamente ese importe. En todos los supuestos el acuerdo solo podrá alcanzarse si previamente a la publicación en el BOE no se ha alcanzado ya algún otro acuerdo para mitigar los efectos de la crisis del coronavirus sobre el pago de la renta.

El decreto ampliará además los criterios de vulnerabilidad por los que los inquilinos podrán acogerse a las ayudas respecto a los que se aprobaron para las moratorias hipotecarias. El programa se dirige a parados, personas afectadas por un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE), quienes hayan reducido su jornada para cuidar a otros o circunstancias similares que les hayan llevado a ver reducidos sus ingresos. Para ello deberán acreditar que en el mes anterior a la petición de la ayuda los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar no alcanzan el triple del IPREM (el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que equivale a 537,84 euros mensuales) con algunos multiplicadores en caso de que tengan hijos o personas al cargo. Otro supuesto que se contemplará será que la renta de alquiler más los gastos comunes supere el 35% de los ingresos netos del hogar.

Por último, el Gobierno también acordará otras medidas adicionales para paliar la situación de los hogares con dificultades por el pago de sus viviendas. Los desahucios de personas vulnerables se suspenden durante seis meses y ese mismo plazo es por el que se prorrogarán todos los contratos de alquiler que caduquen durante la vigencia del estado de alarma, que comenzó el pasado 14 de marzo y se prorrogará al menos hasta el 11 de abril. Además, el Ejecutivo ha ampliado la prohibición de cortar los suministros de agua, luz y gas a todo el conjunto de la población (hasta ahora solo afectaba a familias vulnerables) durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria.

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