España propone un fondo europeo de 1,5 billones con deuda perpetua

El Gobierno español tiene claro que la gran partida del post coronavirus se juega en Europa. Las posibilidades de recuperación de economías tan afectadas como la española y la italiana depende de que haya un gran Plan Marshall en la UE para los próximos años, asumen en La Moncloa. Por eso Pedro Sánchez ha decidido jugar fuerte en la próxima cumbre, el jueves, y lleva una posición ambiciosa que se resume en un documento en el que plantea un gran fondo de hasta 1,5 billones de euros financiado con deuda perpetua, que se repartiría como transferencias —y no deuda— entre los países más afectados por la crisis.

España ha decidido buscar mucho más protagonismo en la próxima cumbre, con una posición muy clara en línea con la que defienden otros países del sur como Italia y Francia, también muy afectados por la crisis, pero aporta soluciones diferentes y sobre todo está pensada como una vía intermedia que pueda ser negociable con Alemania. La canciller Angela Merkel insiste en que no aceptará ningún tipo de coronabonos, la solución que defienden los países del sur. España sortea ese problema planteando un gran fondo que puede estar vinculado al Presupuesto de la UE, una idea parecida a la de Francia y que puede aceptar Alemania porque no implicaría modificaciones legales que supongan complejas votaciones en el Parlamento alemán y posibles recursos ante el Tribunal Constitucional de este país.

La propuesta de España —que ya circula por Bruselas— no se concentra en la crisis inmediata, que cada país está asumiendo con sus propios recursos y endeudándose de momento a precios razonables gracias al BCE. El Gobierno plantea un gran fondo —1,5 billones es prácticamente el tamaño de la economía italiana, y el triple de lo acordado en el Eurogrupo— para inyectar dinero en las economías más afectadas. Ese Fondo para la Recuperación evitaría el endeudamiento masivo de los países del sur y ayudaría a recuperar sus economías. No prestaría dinero a los países, como en los rescates de la Gran Recesión, sino que haría transferencias directas limitadas a la duración de la crisis. El importe de esas transferencias —no reembolsables— no está vinculado a la renta de los países sino a cómo les afecta el coronavirus (en base a criterios como porcentaje de población afectada, caída del PIB o aumento del paro).

Hasta ahora, todas las medidas previstas por el Eurogrupo (medio billón de euros en rescates del Mede, avales del Banco Europeo de Inversiones y fondos para los expedientes de regulación temporal de empleo) se basan en préstamos reembolsables por los Estados, cuyo objetivo sería facilitar liquidez en los momentos iniciales de la crisis, pero sin impacto real para la recuperación económica que se considera imprescindible. El Fondo de Reconstrucción es totalmente distinto: transferencias a fondo perdido.

España es el país que con más claridad hasta ahora habla de cifras en un papel. Y cree que hay que elevar el nivel de ambición o la respuesta europea no tendrá un efecto real sobre la economía. La potencia de fuego es fundamental para ello: “La mayoría de los expertos lo sitúan alrededor del 1% del PIB de la UE, entre 1 y 1,5 billones de euros”, dice el texto. La financiación debería estar disponible el próximo 1 de enero. Y España fija fecha también para el paquete de ayudas acordado en el Eurogrupo: el 1 de junio.

El Fondo de Recuperación “debe ser financiado a través de deuda perpetua, respaldada por los mecanismos legales existentes”, señala el documento, en una de las apuestas más ambiciosas. La deuda perpetua implica que solo se pagarían los intereses, y se asumiría de forma solidaria. Esta deuda tendría el respaldo de la categoría AAA que tienen todas las instituciones europeas en los mercados, lo que equivale a intereses muy bajos. Además, “el BCE deberá seguir jugando un papel clave para asegurar la estabilidad financiera”.

España, en ese documento de apenas tres páginas, busca una buena base de entendimiento para una cumbre europea que intentará salvar la enorme brecha entre las peticiones de países como Francia o Italia —a favor de una respuesta europea contundente— y la reticencia de socios como Alemania y Países Bajos a comprometerse en un esfuerzo presupuestario conjunto. El nuevo fondo “podría estar anclado en el paraguas del Marco Financiero Plurianual [el presupuesto de la UE]”, una fórmula deliberadamente abierta. Ese vínculo con el marco presupuestario de la UE para 2021-2027 tiende puentes hacia el Gobierno de Merkel, que ya ha dejado claro que la respuesta a la crisis de la Covid 19 pasa el Presupuesto a medio plazo y por el Mede para la liquidez más urgente.

España también alerta contra el riesgo de las actuales respuestas nacionales: la relajación de las normas aprobada por la Comisión para responder a la crisis de la Covid 19 favorece a los países con mayor margen fiscal, como Alemania y Países Bajos. “Es crucial evitar que esto lleve una UE más desigual y que debilite el mercado interior”, reclama el texto. España decide así jugar fuerte la baza europea. Las primeras respuestas llegarán el jueves. Pero la batalla acaba de empezar.

Intereses pagados con impuestos europeos

El Fondo para la Recuperación, según España, debería financiarse a través del margen que existe en el Presupuesto de la UE entre el gasto real (en torno al 1% del PIB) y el techo de los llamados recursos propios (el máximo de los potenciales ingresos del club, situado ahora en el 1,20%). El Ejecutivo español propone elevar ese techo, lo que aumentaría considerablemente el potencial de endeudamiento de la UE.

España no concreta un objetivo de aumento. Pero la Comisión Europea trabaja ya con propuestas que pueden elevar los recursos propios hasta el 2%, lo que ofrecería un margen de entre 100.000 y 150.000 millones de euros.

El nuevo Fondo, según España, emitiría deuda perpetua y los intereses de las emisiones podrían abonarse, al menos en parte, con cargo a posibles impuestos a escala europea, como una tasa a las emisiones de CO2 o un arancel a las importaciones que penalice un exceso de emisiones.

El documento también incluye un par de codazos a los socios más reacios a una respuesta ambiciosa. Por un lado, propone que se avance hacia una armonización fiscal para evitar fugas de ingresos, sobre todo, en el impuesto de sociedades. Una alusión que no pasará desapercibida al Gobierno de Mark Rutte después de que los Países Bajos hayan sido investigados y castigados por la Comisión Europea por el trato de favor que conceden a multinacionales como Starbucks.

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