Sánchez se compromete con sindicatos y empresarios a contar con ellos en los pactos de reconstrucción

La conversión de la mesa para la reconstrucción en una comisión parlamentaria, a petición del Partido Popular, dificulta bastante la participación de los sindicatos y los empresarios en esta negociación. Estos no se conforman simplemente con comparecer en el Parlamento ante la comisión que se cree y que se les escuche. Quieren participar y negociar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido con ellos en la reunión de este jueves a contar con ellos y a abrir un “espacio de diálogo social” para darles cabida. No hay más concreción en una salida que busca dar encaje a los agentes sociales.

Sindicatos y empresarios están acostumbrados a negociar, llegar a acuerdos e, incluso, pactar las desavenencias. También quieren hacerlo ahora en las conversaciones para la reconstrucción. La Constitución, en el artículo siete, les reserva un papel “en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios” en el artículo siete. De ahí que este martes le hayan dicho a Sánchez que no les sirve con ser un compareciente más en la comisión parlamentaria, según han explicado los líderes sindicales. El presidente les ha contestado con esa oferta de una “espacio de diálogo social” y, además, se ha comprometido a tener otra reunión con ellos, añade el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

A ese espacio, los sindicatos piensan llevar las reivindicaciones que le han planteado a Sánchez este jueves y que tanto Álvarez como su homólogo en CC OO, Unai Sordo, han puesto sobre la mesa. Ambas organizaciones reclaman que los recursos que puedan llegar de la Unión Europea se destinen a impulsar un cambio de modelo productivo que haga a la economía española menos dependiente de actividades estacionales y de bajo valor añadido y dé un mayor peso al sector industrial. “Es necesario plantear los términos de la reconstrucción. Hacen falta palancas de inversión pública para cambiar el modelo productivo de España”, ha reivindicado Sordo, en un vídeo difundido a la salida de la reunión. No obstante, este sindicalista también pide que haya apoyo a “sectores muy afectados” por el parón decretado para combatir la expansión del coronavirus, en referencia a la hostelería, el comercio y otras actividades vinculadas al turismo.

En los discursos de los líderes sindicales, también habría habido hueco para la renta básica, como explica Pepe Álvarez en otro vídeo: “En primer lugar necesitamos que nadie se quede atrás y eso requiere de un ingreso mínimo vital”. Asegura este último que a la hora de plantear la desescalada en sus fases más inmediatas hay bastante coincidencia entre ellos y los empresarios. El presidente les habría pedido su apoyo para la salida de esta situación en el plano sanitario, advirtiendo que se iría abriendo la mano poco a poco y sin descartar la opción de cerrarla. Y aquí las dos partes de los agentes sociales habrían coincidido en darle el respaldo.

También habría sintonía por ambas en el planteamiento de salida gradual de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) por fuerza mayor, es decir, los que se han justificado apoyándose directamente en la declaración del estado de alarma. En total se han presentado unos 500.000 expedientes y habría algo más de cuatro millones de trabajadores afectados, y la mayoría se encuadrarían dentro de esa causa por fuerza mayor. “Son un gran instrumento. Tiene que permitirse la incorporación de los trabajadores en el momento que sea necesario y mantener las empresas y los puestos de trabajo”, ha explicado Álvarez.

Una reivindicación exclusiva de los sindicatos es que se hagan exámenes“severos” sobre lo que ha sucedido en el sector sanitario y en las residencias. “Hay que saber en qué términos se ha producido la respuesta a una pandemia como la que todavía estamos viviendo. Cómo ha sido en los servicios sanitarios y servicios de atención a personas dependientes (en referencia a las residencias de ancianos). ¿Teníamos el personal necesario? Desde la perspectiva de que vamos a tener que reforzar el sistema de servicios públicos, servicios sanitarios”, ha pedido Sordo. Y, en la misma línea, Álvarez ha exigido “una auditoría que dé luz, que acabe con estas interpretaciones interesadas”. “Necesitamos saber de dónde venimos y, sobre todo, cuales son las bases que tenemos que tener en el futuro”, ha concluido.

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