Los criterios sanitarios y la población serán clave en el reparto del nuevo fondo regional de 16.000 millones

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha adelantado este lunes a los consejeros de Hacienda regionales los criterios a través de los cuales se repartirán los 16.000 millones de euros del nuevo fondo no reembolsable puesto a disposición de las comunidades para luchar contra la pandemia del coronavirus. Las autonomías recibirá el importe que les corresponda a través de transferencias directas y su reparto se hará, en principio, en función de criterios sanitarios, de población y de caída de ingresos. Además, Montero ha recordado que las comunidades no tendrán que devolver el dinero que se les asigne, que no generará ninguna carga en intereses, no se computará para la deuda y queda al margen de la financiación autonómica.

Los 16.000 millones de euros del fondo se han calculado en función de las previsiones del impacto de la pandemia en los gastos sanitarios y sociales de las regiones y de la caída de los ingresos propios debido al parón de la actividad por las medidas de confinamiento. De este importe total, 10.000 millones se destinarán a atender el gasto sanitario; 5.000 millones a compensar la merma en los ingresos causada por la caída de la actividad económica y 1.000 millones para hacer frente al creciente gasto social.

La partida destinada a cubrir el gasto sanitario se abonará en dos fases: 6.000 millones en el corto plazo y los restantes 4.000 millones en el segundo semestre. Para el primer tramo, los criterios a tener en cuenta serán los siguientes, con peso de mayor a menor: ingresos en las UCI (35%), hospitalizaciones (25%), positivos confirmados vía PCR (20%) y población ajustada o equivalente (20%). En la segunda fase la ponderación cambia: población ajustada o equivalente (40%), ingresos en las UCI (30%), hospitalizaciones (20%) y positivos confirmados (10%).

La ministra de Hacienda se ha sin embargo ha comprometido a revisar su propuesta durante la reunión mantenida este lunes y también ha dejado abierta la opción de adoptar la población ajustada o la población protegida equivalente. Se trata de dos variabales parecidas que ajustan el peso de la población en función de criterios como la población mayor de 65 años, la dispersión, el número de menores de 16 años o la insularidad, entre otros.

Por otro lado, los 1.000 millones destinados al gasto social serán repartidos principalmente en función de la población, aunque también se consideran la superficie, la población dependiente, mayores de 65 años y menores de 16 años o la dispersión territorial. En cuanto al último tramo, de 5.000 millones, será repartido en función de la caída de ingresos propios de las comunidades; en este sentido, Montero ha propuesto que la fórmula exacta para calcularla sea propuesta por el Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, un órgano colegiado dedicado a coordinar la gestión de los tributos cedidos.

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