El Constitucional alemán obliga a revisar el programa de compra de deuda del BCE

El Tribunal Constitucional alemán pone en cuestión el programa de compra de deuda pública del Banco Central Europeo (BCE) al considerar que podrían haber excedido las competencias de la Unión Europea. En una sentencia publicada esta mañana, la Corte de Karlsruhe no aprecia financiación ilegal de los presupuestos nacionales en esas adquisiciones, que fueron claves para el paquete de estímulos lanzado bajo el mandato de Mario Draghi Sin embargo, la justicia alemana sí pone en duda su proporcionalidad e insta al Bundesbank a dejar de participar en esas compras si el BCE no es capaz de demostrarla mediante una evaluación. El Constitucional alemán sostiene que la sentencia no afecta a las medidas adoptadas por la pandemia, pero llega justo cuando la zona euro atraviesa por su peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) había avalado el programa de compra de activos que el expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, lanzó en 2015 para inyectar liquidez en los mercados. El predecesor de Christine Lagarde salió airoso de la Corte de Luxemburgo, que dictó que la adquisición de deuda soberana puesta en marcha en Fráncfort “no excede el mandato del BCE” al recordar que la política monetaria es “competencia exclusiva de la Unión” respecto a los países cuya moneda es el euro.

La justicia europea señaló que el objetivo del BCE es la estabilidad de precios. En 2015, las crisis financieras y de la deuda soberana habían dejado a los países de la zona euro al borde de la deflación. Eso llevó al BCE, argumenta el tribunal, a adoptar un programa de compra de bonos para volver a tasas de inflación cercanas al 2%. Según el BCE, hasta el pasado mes de abril ese programa ascendía a 2,8 billones de euros. El grueso de las operaciones se produjo entre 2015 y 2018, puesto que el año pasado apenas se inyectaban unos 20.000 millones de euros al mes.

El tribunal de la UE estimó que las compras masivas favorecieron la bajada de los tipos de interés y la expansión del crédito, lo cual condujo al aumento del consumo de los hogares y la inversión. La sentencia indica que “excluir la posibilidad” de que se adoptaran esas medidas “impediría [al BCE], en la práctica, utilizar los medios que le reconocen los tratados para alcanzar los objetivos de la política monetaria” y, en concreto, “podría obstaculizar seriamente la realización de la misión que le incumbe”.

Los jueces rechazaron que ese programa supusiera ninguna concesión de créditos por la puerta trasera a los países ni que les impidiera tener unas finanzas saneadas. Además, recordaba que la compra de deuda estaba sujeta a “estrictos criterios”. Los analistas temían que la sentencia pudiera influir en la actuación del mayor accionista del BCE en el actual programa de compra de activos por la pandemia de covid-19 lanzado por Lagarde. Este plan, de 750.000 millones de euros, sigue unos criterios mucho más laxos. Por ejemplo, este puede adquirir deuda griega, que había sido excluida en compras anteriores por su baja calidad crediticia.

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