El Constitucional suspende puntos clave del decreto de la Junta de Andalucía en materia audiovisual y de patrimonio histórico

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recuso presentado por el Gobierno contra dos artículos del decreto de la Junta de Andalucía que modificó 21 leyes y 6 decretos, con el argumento de que se perseguía una simplificación administrativa para el fomento de la actividad productiva. La admisión a trámite supone la suspensión automática de los preceptos impugnados.

El recurso del Gobierno se aprobó el pasado 21 de abril, tras intentos de negociación con la Junta que no dieron resultado. No obstante, ambas partes se han comprometido a seguir dialogando, con objeto de tratar de encontrar una salida acordada, lo que, en su caso, podría implicar la retirada de los recursos.

Las normas cuestionadas se referían a la protección del patrimonio cultural contra los expolios –artículo 13 de la ley-, y a la comunicación audiovisual –artículo 28-. En ambos casos, el Gobierno entendió que la Junta había invadido competencias del Estado. El Ejecutivo pidió dictamen al Consejo de Estado, que se mostró favorable a la interposición del recurso.

El precepto relativo a la comunicación audiovisual permite que las empresas privadas gestionen emisoras de radio y televisión actualmente gestionadas por los ayuntamientos, al tiempo que facilita que se legalicen radios y televisiones pirata, por la vía de autorizarlas para que emitan publicidad institucional. La norma sobre el patrimonio histórico da a su vez competencias a los alcaldes para efectuar reformas en sus municipios en el entorno de los bienes de interés cultural.

Las normas impugnadas fueron aprobadas el pasado mes de marzo en la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía, con el apoyo de 18 diputados. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, volvió a defender ayer la virtualidad del decreto en la sesión de control de la asamblea andaluza, argumentando que la razón de las reformas reside en que “necesitamos simplificar la vida” de los ciudadanos.

La Junta de Andalucía se ha mostrado favorable a abordar los artículos ya suspendidos con el Gobierno central y ya ha remitido a La Moncloa el acuerdo para el inicio de las negociaciones. Desde San Telmo se hace hincapié en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez al haber impugnado solo dos aspectos del real decreto admite “implícitamente” que está de acuerdo en el resto de las disposiciones de su decreto estrella, informa Eva Sáiz. Esta misma mañana, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha vuelto a defender la normativa por considerar que “impulsará la economía y contribuirá a que Andalucía sea más competitiva”.

El PSOE, por su parte, ha anunciado que presentará su propio recurso al Tribunal Constitucional que interpondrán 50 senadores cuando se habilite el calendario en el Senado. Los socialistas andaluces aprecian dos motivos de inconstitucionalidad: por un lado, el decreto-ley no se ajusta a un caso de extraordinaria y urgente necesidad para su aprobación como establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía. También creen que se vulnera el derecho de participación política al haberse convalidado en la Diputación Permanente del Parlamento, un órgano que solo opera durante las vacaciones parlamentarias y tras la disolución de la Cámara.

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