El Congreso elige al socialista Patxi López para presidir la comisión especial para la reconstrucción tras la covid-19

El Congreso de los Diputados ha constituido en la mañana de este jueves la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España tras la covid-19, un acto que dirigió en primera instancia la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, hasta que se eligieron el presidente y los miembros de ese nuevo órgano que deberá estudiar y diseñar el futuro del país tras la pandemia. La comisión votó y eligió como estaba previsto al socialista Patxi López como presidente, con 165 votos a favor, frente a la otra candidata aspirante, la popular Ana Pastor, que se quedó con 91 papeletas. Este foro arranca en plena escalada de tensión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, que fueron precisamente los que acordaron su creación para tratar de buscar soluciones consensuadas una vez superada la crisis sanitaria del coronavirus.

Los trabajos de esta importante comisión los dirigirá a partir de ahora por tanto, y como cabía esperar por la correlación de fuerzas parlamentarias, el exlehendakari socialista Patxi López, que sumó los apoyos del PSOE y de su socio principal de coalición, Unidas Podemos, pero también de algunos de los partidos pequeños representados en el Congreso. López ya fue presidente del Congreso y dirige actualmente la Comisión Constitucional, una de las más relevantes de la Cámara. El PP propuso a Ana Pastor al considerar que presenta un perfil idóneo al haber sido ministra de Sanidad, también presidenta del Congreso y ahora vicepresidenta de la Cámara. Pero también porque la formación conservadora considera que el PSOE ya preside la Comisión General de Comunidades Autónomas, encargada de hacer seguimiento de la crisis provocada por el coronavirus en el Senado. En la segunda votación, tras no alcanzarse mayoría absoluta en la primera (176), López sumó 165 votos, frente a 91 de Pastor y 37 abstenciones (ERC, JuntsxCat, BNG y Ciudadanos).

Patxi López, en sus primeras palabras como presidente, esgrimió la importancia de esa cita y exhortó a todos los participantes a olvidar sus cuitas partidistas y trabajar por el futuro del país.

En la sesión constitutiva de este jueves, además del presidente, se eligió también a los miembros de la mesa que dirigirá los trabajos de este nuevo foro y que, como el resto de comisiones, estará integrada por cinco personas que ocuparán la presidencia, dos vicepresidencias y otras dos secretarías. Todas estas votaciones tuvieron lugar a mano alzada, en lugar de la tradicional urna, y se regirá por el voto ponderado, en función del peso de cada grupo parlamentario en el hemiciclo. La medida se ha tomado para evitar que, con las restricciones sanitarias vigentes, tengan que acudir los 46 miembros que integrarán esta comisión, según informaron fuentes parlamentarias. El diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, protestó por ese hecho y reclamó sin éxito el voto secreto y por papeleta y anunció finalmente que no participará en el futuro en más votaciones en esa reunión.

De los 46 miembros de esta comisión especial y no permanente, 13 serán del PSOE; 9, del PP; 5, de Vox; 4, de Unidas Podemos; 4, del Grupo Plural y 7, del Grupo Mixto; mientras que ERC, PNV y Bildu contarán con un diputado cada uno, conforme al formato ideado por el PSOE y Unidas Podemos que este martes la Mesa del Congreso aprobó por unanimidad. El PSOE, por tanto, tiene con sus socios bastante asegurada la mayoría de las votaciones.

Según el diseño de los socios de Gobierno, la nueva comisión busca centrar el debate en cuatro ejes: el refuerzo de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea. El PP reclama que se añada un quinto punto relativo a las consecuencias de esta crisis en el régimen de libertades públicas de España, pues lo considera un “tema fundamental”, y también reclama que se pueda citar a comparecer, en sesiones abiertas, a todos los cargos públicos que han estado tomando decisiones importantes en estas semanas.

En principio, se establece un plazo de dos meses de trabajos, hasta finales de junio, aunque prorrogable si hay consenso, y todo concluirá con un dictamen que se elevará al Pleno del Congreso para su aprobación.

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