Bruselas garantiza que los hombres de negro no vigilarán las ayudas por la pandemia

Italia no se fía. Y en vísperas de que este viernes el Eurogrupo pacte las condiciones de las líneas de crédito para afrontar la pandemia de la Covid-19, la Comisión Europea ha decidido garantizar por escrito que los países que soliciten la ayuda no serán sometidos a una vigilancia invasiva ni sometidos a un plan de reformas macroeconómicas. “Para llevar a cabo la vigilancia reforzada, la Comisión no llevará a cabo visitas in situ”, prometen por escrito el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, y el comisario europeo de Economía, Paolo Gentilloni. El texto aleja la posibilidad de las temidas visitas de los llamados “hombres de negro”, los equipos de inspección de la Comisión, el BCE y el FMI, que durante la crisis del euro impusieron tajantes recortes a los países que solicitaron asistencia financiera. El proceso de vigilancia, en cambio, no preocupaba a España.

El gobierno de Giuseppe Conte seguía desconfiando de las líneas de crédito para la pandemia, a pesar de que el acuerdo del Eurogrupo del pasado 9 de abril dejó claro que la única condición sería que los préstamos se destinen al gasto directo o indirecto relacionado con la factura sanitaria de la pandemia”.

Las reticencias de Roma podían inutilizar las líneas que tiene previsto aprobar este viernes el Eurogrupo y que se ofrecerán a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede). Italia, que junto a España es uno de los posibles destinatarios del plan, se resistía a utilizar el Mede, el fondo de rescate de la zona euro que evoca la figura de los hombres de negro de los rescates de Grecia, Irlanda o Portugal.

Para despejar las dudas surgidas en el país transalpino, Dombrovskis y Gentilloni han dirigido una carta al presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, en la que detallan cómo será el control a asociado a los créditos. El documento deja claro que “la vigilancia reforzada se centrará en el uso de los fondos para cubrir los costes sanitarios directos e indirectos”. Bruselas asegura que no activará las normas que le permitirían pedir más información, incluida la relativa al sector financiero, una posibilidad que inquieta particularmente en Italia.

Deuda del 110% del PIB en 2030

Al contrario que Italia, España no había convertido esa vigilancia en una guerra. Fuentes del Ejecutivo consideraban que esa supervisión solo iba a centrarse en observar si los fondos recibidos –si decide pedirlos, España podría recibir alrededor de 25.000 millones— van destinados a fines sanitarios. Los ministros esperan poder tener a punto este viernes los préstamos del Mede. En cambio, más complicado será que los créditos del plan Sure, el fondo de desempleo comunitario, estén disponibles el próximo 1 de junio, como pide España. Según fuentes comunitarias, varios países han expresado dificultades al tener que pasar por sus parlamentos. Un portavoz de la Comisión, sin embargo, confió en llegar a tiempo.

El organismo también concreta que no habrá visitas de inspección más allá “de las habituales que tienen lugar dentro del marco del Semestre Europeo”, es decir, del modelo habitual de vigilancia de aplicación del Pacto de Estabilidad.

Bruselas tampoco aprovechará la petición de una línea de crédito ligada a la pandemia para para imponer reformas estructurales. Y, por tanto, garantiza que no activará la norma “diseñada para lidiar con las dificultades internas estructurales”. Y “no se aplican [las normas] relativas a un programa de ajuste macro[económico]”, tranquilizan los comisarios.

La Comisión también subraya que su modelo de vigilancia expirará tan pronto como el Estados beneficiario se haya gastado el crédito en el sector sanitario. Esa promesa no despeja, sin embargo, el interrogante sobre la vigilancia del Mede, cuyas normas permiten mantener la supervisión sobre el acreedor hasta que se reembolsa el 100% del crédito. Una posibilidad que puede mantener la inquietud en Roma.

La Comisión ha analizado también si los países pueden acceder a las líneas de crédito y ha llegado a la conclusión que todos son elegibles para el programa. Bruselas ha examinado la sostenibilidad de la deuda de todos los Estados. En el caso de España, prevé que el año que viene esta sea del 113% del PIB y que vaya bajando muy lentamente, de modo que en 2030 el endeudamiento sería del 110% del PIB. Aun así, no ve problemas de sostenibilidad a medio plazo. Tampoco para financiarse en los mercados, tal y como, señala, demuestran las recientes emisiones de deuda.

Francia insiste en un fondo similar al español

Francia no se rinde. A pesar de la resistencia de Alemania y Países Bajos, el ministro galo de finanzas, Bruno le Maire, llega al Eurogrupo de este viernes con una detallada propuesta para poner en marcha un Fondo de reconstrucción económica que emitiría deuda conjunta por valor de hasta 300.000 millones de euros anuales entre 2021 y 2023. El plan francés, al que ha tenido acceso EL PAÍS, es muy similar al que presentó España antes de la cumbre europea de abril, aunque París insiste en su idea de que el Fondo se cree al margen del presupuesto comunitario como sugiere el gobierno de Pedro Sánchez.

El plan francés propone una emisión de bonos avalados por la Unión Europea basándonos en el artículo 122.1 del Tratado de la Unión. La garantía comunitaria se obtendría con una ampliación del techo de recursos propios, como proponía España. Pero a diferencia de Sánchez, el gobierno de Emmanuel Macron no propone deuda perpetua sino emisiones de entre dos y ocho años que se refinanciarían mientras estuviese en vigor el Fondo. El reembolso se haría en plazos muy largos y, en todo caso, correría a cargo del presupuesto comunitario, bien a través de sus recursos habituales o mediante la creación de nuevas fuentes de ingreso.

Francia acepta que el Fondo pueda estar vinculado al presupuesto comunitario, como exige Berlín y va a proponer la Comisión Europea. Pero insiste en su idea inicial de que se podría crear al margen del marco comunitario como un instrumento especial (special purpose vehicle), para evitar que se mezcle con la siempre complicada negociación del marco presupuestario de la UE. En ese caso, el aval sería de los Estados (en proporción a su Renta Nacional Bruta) de manera conjunta, lo que garantizaría la mutualización de la deuda.

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