“Yo no tenía ninguna animadversión a los jesuitas”, declara el único juzgado en España por la matanza de 1989

El ex coronel Inocente Orlando Montano, en el banquillo de la Audiencia Nacional.El ex coronel Inocente Orlando Montano, en el banquillo de la Audiencia Nacional.Pool / Europa Press

El excoronel Inocente Orlando Montano, exviceministro de Seguridad Pública salvadoreño, se ha sentado este miércoles por primera vez en un banquillo de los acusados para dar explicaciones por la matanza de los jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA) de 1989. Con absoluta tranquilidad, el ahora septuagenario ha negado en la Audiencia Nacional los delitos que se le imputan. Según ha asegurado y a diferencia de lo que mantiene la Fiscalía, nunca participó en el diseñó y ejecución del plan para acabar con las víctimas —entre las que había cinco españoles—. En todo caso, ha insinuado que esas decisiones las habrían tomado otros miembros del Ejército. Aunque él, según ha añadido, cree que los asesinatos corrieron a cargo de la guerrilla opositara al régimen. Una tesis rechazada por el ministerio público, las investigaciones judiciales y las propias conclusiones de la Comisión de la Verdad constituida en el país americano al acabar la guerra civil que lo asoló.

Más de 30 años llevaban las familias y amigos de las víctimas aguardando este momento. Y por fin, pasadas las 10.00 de este miércoles, uno de los supuestos autores intelectuales del crimen se ha visto obligado a responder ante un tribunal. No ha querido contestar a las cuestiones de la Fiscalía, ni de las acusaciones populares y particulares. Solo, a las de su abogado. Una oportunidad que ha aprovechado para eludir cualquier tipo de responsabilidad. “Yo no tenía nada en contra de los jesuitas”, ha dicho. “Había otros miembros del Gobierno…”, ha añadido.

Pero Montano era un conocido miembro de La Tandona, una promoción de oficiales ultraderechistas que ocupó puestos clave en el Ejército. Y él mismo, durante esta sesión del juicio, ha cargado contra los jesuitas de la UCA y, especialmente, contra el entonces rector, Ignacio Ellacuría, acribillado a tiros en la matanza. Los ha considerado los impulsores de un golpe de Estado de 1979 contra el Gobierno militar ultraconservador —”Hay evidencias de que ese golpe se dirigió desde la universidad. Ellacuría convenció a la gente de que era necesario hacer un cambio y botaron del Gobierno al general [Carlos Humberto] Romero”—; y los ha acusado de reunirse y respaldar a los “terroristas” de la guerrilla revolucionaria del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Su relato contrasta drásticamente con el de la Fiscalía y la Comisión de la Verdad, a lo que se añaden documentos desclasificados de Estados Unidos —del Departamento de Estado, la CIA y el Departamento de Defensa— que lo señalan. Según toda esa documentación, el entonces rector de la UCA se había convertido en una figura incómoda para el régimen al apostar por el diálogo con el FNML para alcanzar la paz. Así que Montano, junto a otros miembros de la cúpula militar dio la orden de acabar con su vida “sin dejar testigos”. Y así supuestamente se cumplió.

En la madrugada del 16 de noviembre de 1989, un grupo de soldados del batallón Atlacatl irrumpió en la universidad y mató a tiros a seis sacerdotes jesuitas —los españoles Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno; y el salvadoreño Joaquín López— y a la mujer e hija del guardián de la universidad, Elba y Celina Ramos. “Yo siempre pensé que fue el FNML el que cometió el asesinato”, ha dicho Montano este miércoles, que ha negado que participara en ninguna reunión donde se decidiese el crimen. Pese a que el coronel Guillermo Alfredo Benavides, al frente del Atlacatl, lo señaló en un diario como uno de los mandos que dio la orden. “No sé de dónde sale ese comentario”, se ha defendido Montano en la Audiencia Nacional este miércoles.

“Ha mentido”

El único acusado en este juicio ha mantenido, incluso, que él trato de ayudar a esclarecer los hechos tras la matanza: “Yo colaboré, en el sentido de que le dije al señor presidente [Alfredo Cristiani] que la investigación se condujera con la ayuda internacional”. Pero, como recuerdan los compañeros de las víctimas, tras la guerra civil solo se juzgó en El Salvador a los autores materiales del crimen. Nunca a los intelectuales. “Cuando quisimos ir a por ellos tuvimos muchos problemas”, detalla el jesuita José María Tojeira, posterior rector de la UCA, que cuenta cómo la ley de amnistía impedía cualquier proceso contra ellos. Entonces, decidieron impulsar la causa en España y presentaron una querella en 2008. “Tuvo una fuerte repercusión en El Salvador. Y en 2016 se declaró inconstitucional la ley de amnistía”, apostilla Tojeira. Eso permitió reabrir el caso contra otros cinco supuestos autores intelectuales, pero “actualmente se encuentra prácticamente parado”.

“Orlando ha perdido una oportunidad de oro para decir la verdad. Ha mentido en todos los campos sobre los que se le ha preguntado. Él era el jefe del operativo y él era el encargado de verificar y confirmar que se habían cumplido las órdenes de asesinar dadas por el Estado Mayor del Ejército”, destaca Juan José Tamayo, miembro de la junta directiva de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, personada como acusación popular, y director de la cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría, de la Universidad Carlos III de Madrid. “31 años después tenía la oportunidad de reconocer su implicación, pedir perdón y dar los nombres de los otros autores intelectuales”, ha reprochado Tamayo, que añade: “Es una infamia acusar a los jesuitas de defender la violencia de la guerrilla. Los mataron porque estaban construyendo puentes de diálogo por la paz y Montano contribuyó a dinamitarlos”.

El juicio se adentra ahora en un parón y proseguirá en julio con la declaración de los testigos. Entre ellos, está previsto que preste testimonio Rene Yushsy Mendoza, antiguo teniente del batallón Atlacatl y que ha estado acusado en esta investigación hasta el pasado lunes, cuando el tribunal consideró que habían prescrito los delitos que se le atribuían. La Fiscalía pide 150 años de cárcel para Montano.

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