El juez propone juzgar a 105 personas por la macrotrama de la mafia china de Gao Ping

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dictado este miércoles el auto de transformación en procedimiento abreviado de la causa abierta por la denominada Operación Emperador que permitió desarticular en 2012 la macroorganización criminal presuntamente liderada por el ciudadano chino Gao Ping. La resolución judicial es el paso previo a sentar en el banquillo de los acusados a las 105 personas a las que el magistrado considera implicado en las actividades de esta mafia china en España. Entre los delitos que les acusa están los de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y continuado de falsificación de documentos mercantiles y públicos. La resolución da un plazo de 10 días tanto a la Fiscalía como a las acusaciones para que soliciten la apertura del juicio oral, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables. En la red están presuntamente implicados empresarios, empleados de banca, joyeros agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional y el actor de cine porno Ignacio Jordá, conocido como Nacho Vidal.

El juez considera que durante la investigación han aparecido “indicios racionales para considerar que los encausados forman parte de una compleja macroorganización criminal de carácter internacional” que encabezaba Gao Ping, un ciudadano de origen chino asentado en España desde 1989 y que, junto a sus múltiples negocios, ejercía de promotor de arte chino. La trama estaba “compuesta de sucesivos grupos y escalones perfectamente estructurados y jerarquizados, cuyo único y común propósito es llevar a cabo una actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales, constituyendo al efecto un entramado de sociedades pantalla, al frente de las cuales se sitúa a diferentes testaferros, y confeccionando los correspondientes documentos mercantiles (facturas) y públicos (pasaportes) que resultan necesarios para dar soporte a estas actividades delictivas”.

Para ello, la trama importó miles de contenedores de artículos de bazar fabricados en China buena parte de cuyo contenido no era declarado y la trama acumulaba en naves industriales en Fuenlabrada (Madrid) y en Seseña (Toledo) para su posterior comercialización al por menor en comercios que estaban sometidos a su control. Los productos se distribuían a través de 39 sociedades, las cuales contaban con dos contabilidades paralelas, destaca el escrito. La organización transfería mensualmente a cuentas bancarias extranjeras entre 4 y 5 millones de euros fruto de sus actividades delictivas que generaban para la trama “una inconmensurable cantidad de dinero en metálico”. El auto del juez recalca que Gao Ping ejercía sobre la extensa red “un férreo control”.

El escrito del juez divide la macroorganización en tres tramas. Así, junto a la principal que presuntamente lideraba Gao Ping, el auto sitúa una segunda integrada por distintos intermediarios que ponía en contacto a la mafia china -que pretendía transferir fondos a país asiático- con ciudadanos residentes en España que tenían cuentas abiertas en paraíso fiscales con elevados saldos que querían repatriar el dinero sin declararlo al fisco. El dinero que tenía en metálico la red de Gao Ping era entregada en mano a los segundos, mientras que los fondos de estos últimos salía de sus cuentas en el extranjero rumbo a China en el que se conoce como blanqueo por compensación. Este grupo, liderado presuntamente por el ciudadano belga François Leiser, un viejo conocido de la policía española que ha ayudado durante décadas a las grandes fortunas a evadir el pago de impuestos, cobraba por su trabajo una comisión de entre el 2% y el 3% del dinero blanqueado.

La tercera y última rama de la organización estaba integrada por cuatro grupos diferentes de ciudadanos chinos que, como el grupo principal de Gao Ping, evadía fondos a China mediante el envío masivo de falsas remesas de dinero de inmigrantes originarios del país asiático.

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