No suban impuestos ahora: recauden más

Desde la izquierda: el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero; el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.Desde la izquierda: el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero; el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.Europa Press

La reforma impositiva irá “acompasada con el crecimiento económico” (Pedro Sánchez, 2 de julio). Como el desplomado PIB no volverá al nivel pre-recesión al menos hasta 2022, la lógica anticíclica aconsejaría no aumentar impuestos hasta entonces, para evitar asfixias de los contribuyentes físicos y jurídicos.

Eso aplazaría el alza prevista en el pacto de coalición PSOE-UP. Pero lo apoyan el Banco de España, la Autoridad Fiscal (AIReF), el FMI, la OCDE: gastar ahora sin cuento (acelerar) y solo en la recuperación frenar y reequilibrar las finanzas públicas.

Mientras, hay quizá una vía media para lograr más ingresos que no agrave la deuda pública, sin dañar al tejido productivo. Practicar alzas fiscales muy selectivas a los inmunes a la recesión. O alumbrar una contribución voluntaria: recuperable, en la versión de PwC; obligatoria, según otros más radicales. Pero su gestión es compleja.

Otra estrategia es no subir ningún tipo impositivo —lo que además induce quejas populistas— pero aumentar la recaudación quitando grasa y barreras que desnaturalizan al sistema. En varios ámbitos:

Impuesto de Sociedades. El único cuya recaudación no se recupera desde la Gran Recesión. De 2007 a 2019 cayó 21.000 millones (de 44.823 a 23.733); aunque como 2007 fue el pico de la burbuja inmobiliaria, es más honesto comparar con 2005 (32.495 millones, 8.762 más que en 2019).

Parte de esa cuantía evaporada desde entonces se debe —amén de los créditos fiscales por pérdidas acumuladas— al traslado de beneficios a juridiscciones de baja tributación o meros paraísos fiscales.

Los técnicos de Hacienda agrupados en Gestha atribuyen unos 6.000 millones anuales a la exención de dividendos para evitar la doble tributación (fuera y dentro) de las grandes corporaciones. Pero hay otros sistemas de soslayarla. Y de recuperar la recaudación.

Beneficios fiscales. Las otras deducciones fiscales problemáticas afectan a IVA e IRPF. Su adecuación y buen fin los explora la AIReF, que publicará su análisis este mes. Olvídense del confuso cálculo de la semana pasada en esta columna —mea culpa— sobre reducir un 10% anual los 60.000 millones de beneficios fiscales totales o de la idea de cancelarlos de cuajo.

Un enfoque razonable para su reducción o reformateo parcial y en pro de hacer más caja se acercaría a entre dos y tres puntos de PIB. Sumados a los dos puntos de ahorro de gasto ineficiente estimados en las otras spending reviews (correos, industria, farma…) rozarían los 4/5 puntos.

Reserva municipal. Otra reserva estéril activable: los 27.000 millones de superávit fiscal de los municipios, embalsado en la banca. Su uso podría contradecir el artículo 135.2 de la Constitución que los obliga al “equilibrio presupuestario”. Pero es posible añadirle una cláusula de escape temporal y excepcional, por vía de reforma exprés. La cuantía merece el esfuerzo.

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