Andalucía convoca otra ronda de ‘contratos exprés’ por orden de llegada y excluye a embarazadas o mayores de 60 años

A las 15.00 horas de este miércoles expiraba el plazo de 24 horas otorgado por la Junta de Andalucía para inscribirse en una convocatoria pública para cubrir 278 plazas de funcionarios interinos al cuerpo general de administrativos. Se trata de la última tanda de contratos exprés que el Gobierno regional ha ofertado en los últimos meses en los que las plazas se adjudican por riguroso orden de presentación de la solicitud, que carecen de anuncio previo y que excluye a mujeres embarazadas o en período de lactancia, a los mayores de 60 años y a quienes sufran un determinado tipo de enfermedades, como la diabetes o la hipertensión.

La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto ya una investigación sobre este tipo de contrataciones a instancia de una denuncia formulada por CGT. El PSOE y los sindicatos CC OO y CSIF han presentado también sendas denuncias ante el Tribunal Contencioso Administrativo para paralizar estas convocatorias y sus efectos, mientras que Adelante Andalucía ha pedido a la Cámara de Cuentas que indague sobre la legalidad de este peculiar mecanismo de contratación.

Estos procesos de selección, cuya convocatoria desaparece de la web casi antes de que expire el exiguo plazo de 24 horas para presentar las candidaturas, que solo prima el orden de llegada, sin reconocer criterios como el mérito o la capacidad, y que además excluye a un amplio sector de la población por considerarlo de riesgo – cuando la propia Administración regional tiene teletrabajando esos colectivos- son puestos en duda, no solo por los grupos políticos y los agentes sociales, sino por expertos y profesionales en derecho que cuestionan su constitucionalidad y advierten de una falta de transparencia que aviva las sospechas de “enchufismo”.

La Junta de Andalucía defiende este sistema de selección amparándose en que está avalado por un acuerdo suscrito en el arranque de la pandemia con los sindicatos para articular un procedimiento que agilizara los trámites para la contratación de interinos y personal temporal en el marco de la emergencia de la salud pública ocasionada por la covid. Sin embargo, las más de mil plazas -según las estimaciones de los sindicatos- ofertadas a través de estas convocatorias exprés exceden el ámbito de esa emergencia sanitaria ya que se han ofertado puestos para archivero, arquitectos, técnicos de pesca, veterinarios, ingenieros agrícolas, técnicos en prevención de riesgos laborales o conservadores de patrimonio.

“Es un absoluto despropósito”, explica Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Sevilla. “Se puede hacer un sistema más ágil y más flexible para la contratación, pero no sin respetar la doctrina del Tribunal Constitucional que establece que las convocatorias dentro de la Administración Pública deben someterse al principio de igualdad, no pueden tener sesgo discriminatorio y el procedimiento debe ser de concurrencia y por mérito y capacidad. Nada de esto se da en ningún caso”, concluye.

Los sindicatos se han desmarcado de la justificación ofrecida por la Administración. “El acuerdo se firmó a mediados de marzo, en pleno estado de alarma, para cubrir de manera rápida las bajas o las necesidades de hospitales, residencias, centros sociosanitarios o de menores, que eran los que estaban más expuestos al covid, pero cuando pasó esa situación, reclamamos que se volviera a la normalidad”, explica Esperanza Morales, secretaria de Administración Autonómica y Sector Público Andaluz de UGT. La Junta modificó el decreto en abril y extendió la posibilidad de realizar estas convocatorias mientras durara el “estado de emergencia sanitaria”. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, llegó a asegurar a mediados de julio que su Gobierno utilizaría este sistema para realizar 1000 contrataciones temporales para “agilizar la carga administrativa de proyectos vinculados a la recuperación económica y la creación de empleo”.

Opacidad y falta de justificación

“Para poder llevar a cabo la contratación de personal funcionario interino en los términos que se pretende, sin valorarse siquiera la trayectoria profesional de los aspirantes, su capacidad al puesto ni sus conocimientos, se debería de haber acreditado una emergencia en su contratación y que el servicio a prestar resultara ser esencial en las circunstancias sanitarias que atravesamos. Sin embargo, ninguna justificación se ha producido al respecto”, asegura Antonio Benítez Ostos, abogado especialista en Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo, quien asegura que estas convocatorias “pueden presentar vicios de nulidad de pleno derecho”. En el caso de la convocatoria de 24 horas -del 8 al 9 de julio- para cubrir 10 plazas de conservador de patrimonio, el abogado incide: “No se justifica que quede enmarcada en la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la covid, ni la urgencia o la necesidad imperiosa en su contratación ni su relación con la pandemia, lo que impediría, por tanto, hacer uso del procedimiento de selección extraordinario que se está siguiendo”.

Los sindicatos han solicitado a la Administración que se les facilite el orden de recepción de las solicitudes, pero la Junta esgrime el derecho a la protección de datos para no entregarlo. “El riesgo de que estas convocatorias se las comuniquen primero a conocidos es enorme, porque no se puede controlar que los aspirantes no tengan información privilegiada para presentarse antes, dada la poca anticipación con la que se publican los anuncios y el poco tiempo para presentarse”, argumenta el profesor Cruz Villalón. “La sospecha no es por ser maledicente y para evitarlas establece la Constitución los requisitos de igualdad, concurrencia, mérito y capacidad, para evitar enchufismos”, añade.

La opacidad no solo está en el control del orden de llegada de las presentaciones, sino en que previamente a la adopción de este mecanismo de selección debe acreditarse que no hay aspirantes en las bolsas de interinos de las distintas administraciones. “No hay forma de poder averiguar si se ha agotado la lista, desde la Administración pueden alegar que se les llamó y no estaban en casa”, explica Pablo López del Amo, coordinador del sector de Administración Autonómica de CC OO Andalucía. Los sindicatos consultados aseguran que a finales de julio, cuando ya se habían publicado varias convocatorias exprés había candidatos en casi todas las bolsas de trabajo relacionadas con las plazas ofertadas.

También excluidas del teletrabajo

Otro de los reproches de sindicatos y partidos políticos es la falta de control previo por parte de la Administración, ya que estos contratos no están sujetos a la fiscalización previa por parte de la Intervención General, tal y como se estipula en la orden que los regula. Para Adelante Andalucía esta circunstancia podría incentivar una malversación de los fondos públicos.

La decisión de excluir de estos procedimientos de selección a los que padezcan “diabetes; enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión; enfermedad hepática, pulmonar, renal, neurológica o neuromuscular crónicas, inmunodeficiencia, cáncer” o ser “mujer embarazada o en período de lactancia o mayor de 60”, ha sido argumentada por la Junta en que son colectivos de riesgo a los que se trata de proteger y que estaban reconocidos en la Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública de 13 de marzo de 2020. En aquella disposición se les ofrecía a estas personas la posibilidad de teletrabajar. De los 270.094 empleados públicos de la Junta de Andalucía, el 13% está autorizado a trabajar desde casa. Entre ellos se encuentran los más vulnerables ante el coronavirus. En la última convocatoria que expiraba esta tarde, sin embargo, para los puestos exprés se ha introducido específicamente la condición de que los aspirantes deberán “trabajar presencialmente

“La exclusión de estos colectivos supone también una discriminación por razón de sexo, edad y discapacidad”, advierte Cruz Villalón. “El Tribunal Constitucional en un caso en el que la Administración no contrató a una mujer embarazada por tener un embarazo de riesgo dictaminó que esto era discriminatorio y que había que contratar y luego asignarle un puesto adaptado a las circunstancias y sus dificultades”, abunda. El profesor recuerda que para las personas de riesgo en la función pública se establece la posibilidad del teletrabajo, otra opción que las convocatorias exprés de la Junta soslayan.

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