La vivienda, una cuestión de salud

La situación de calle y sin hogar es la expresión más clara de la vulneración del derecho humano a la vivienda. La vivienda es una cuestión de salud, tanto si no cuentas con ella como si la tienes de forma insegura o inadecuada. “La vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa frente al coronavirus” señalaba hace poco Leilani Farha, Relatora Especial de Naciones Unidas para una Vivienda Adecuada. Siguiendo su frase podríamos decir que es la primera línea de defensa frente a la exclusión social y las pobrezas.

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En la situación actual, en la que el coronavirus sigue avanzando con una durísima realidad de fondo en medio de un ruido mediático y político estéril, constatamos que una de las principales funciones que aporta una vivienda adecuada es la protección. Por eso subrayamos que la vivienda es una cuestión de salud. Porque vivir en la calle mata, mata tus sueños, oportunidades, confianza, salud…

Con la pandemia hemos podido hacernos más conscientes de la importancia del hogar, del lugar donde guarecernos, protegernos, estar a salvo, descansar, cuidarnos. En este sentido, las personas en situación de sin hogar que viven en la calle son un grupo especialmente vulnerable en el contexto de la pandemia: dormir en la calle o en alojamientos temporales que, por sus condiciones de carácter colectivo, no pueden garantizar su protección, ya las coloca en una situación de riesgo.

Pero además del impacto que ha tenido para las personas que viven en la calle, la aparición de la covid-19 ha supuesto el agravamiento de situaciones de miles de personas que ya de por sí presentaban una gran vulnerabilidad y fragilidad, que se encontraban en una vivienda insegura o inadecuada, o que incluso se encontraban ya en situaciones de exclusión, y que con el impacto añadido de la pandemia se han visto expulsadas de sus viviendas o de los alojamientos precarios en los que se encontraban. Hablo de personas sin título legal en sus alojamientos o lugares en los que viven y que tienen que abandonar sus viviendas ante el temor al contagio, personas que llevaban alojadas años en pensiones que han cerrado sus puertas en el estado de alarma y han tenido que abandonar sin una alternativa residencial, mujeres que se han visto repentinamente en situación de calle (empleadas de hogar en régimen interno expulsadas de los domicilios, víctimas de trata o que ejercían la prostitución y se las ha echado de los clubs o pisos donde se alojaban). Hablo también de personas que han tenido que abandonar sus viviendas o alojamientos por la situación de hacinamiento que vivían y que se han visto en la necesidad de mantener una cuarentena o aislamient: En definitiva, situaciones cada vez más más diversas y plurales.

El intento por parte de las administraciones locales de proporcionar espacios de seguridad y alojamiento temporales (véase IFEMA en Madrid) aún reconociendo su intención y voluntad protectora, puede correr el riesgo de incorporar esas medidas como adecuadas para abordar la exclusión residencial de manera permanente y convertirse en una manera de dar respuesta al sinhogarismo que debemos ir superando.

La aparición de la covid-19 ha supuesto el agravamiento de situaciones de miles de personas que ya de por sí presentaban una gran vulnerabilidad y fragilidad

Es momento de apostar por fortalecer lo público. Solo las políticas públicas con enfoque de derecho humano a la vivienda previenen situaciones de emergencia humanitaria, sanitaria y económica. Es necesario llegar a los y las que están más lejos, ya que las medidas que se han ido impulsando para evitar la pérdida de la vivienda por parte del Gobierno no han llegado a las personas en situación de mayor exclusión. Si no tienes un contrato de alquiler, un pago de hipoteca, un contrato de trabajo, o una situación documental regularizada, no puedes acceder a las ayudas que se han ido implementando desde el comienzo de la pandemia.

La vivienda, además de ser una herramienta fundamental de prevención frente a la pandemia, es clave en el disfrute de otros derechos como la salud, el empleo o la protección social. Supone un recurso indispensable como prevención de nuevas situaciones de sinhogarismo o de mayor exclusión.

Por ello es necesario definir e implementar una estrategia específica de lucha contra la exclusión residencial basada en un enfoque de derecho humano a la vivienda con planes y dotación presupuestaria adecuada y apoyada en la coparticipación de los distintos niveles y áreas administrativas. Tal como tenemos asumido socialmente el derecho a la atención sanitaria, a la educación, o a la protección de nuestra seguridad, debemos incorporar, tanto ciudadanos como gobernantes, que el derecho a tener un lugar donde vivir, debería ser un derecho básico y fundamental. Con un acceso accesible a una casa tendríamos asegurados otros derechos. Pero además del acceso, también debemos hablar del mantenimiento de la vivienda y ahí entramos en otro nivel: precios de alquiler, suministros, habitabilidad…

La vivienda de alquiler social supone un instrumento residual en la política de vivienda española. Según el Informe de la Defensoría del Pueblo titulado “La vivienda protegida y el alquiler social en España 2019“, carecemos de un parque de vivienda social en alquiler adecuado. Los datos que se manejan fijan su cuantía en unas 275.000 viviendas, el 1,5% del parque de viviendas principales, uno de los porcentajes más bajos de toda Europa. Sólo Rumanía, Letonia, Chipre y Grecia tienen porcentajes inferiores a España. Por poner un ejemplo, Holanda tiene un 30%, Austria un 24%, Francia un 16,8% y Alemania un 3,9%.

En el Día de las Personas sin Hogar ponemos en valor una vez más y ahora más que nunca que no tener una vivienda es la mayor dificultad para la incorporación social y el primer factor de exclusión social. Y lo reiteramos en este 2020 tan terrible que estamos transitando: Invertir en vivienda social accesible es la mejor vacuna para prevenir la enfermedad de la precariedad, la pobreza y la exclusión y para garantizar una vida digna.

María Elena Ayuso es secretaria técnica de Faciam, entidad de carácter estatal para la atención a personas sin hogar.

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