Calviño y Yolanda Díaz chocan por la orientación de la reforma laboral

Las ministras de Trabajo y Asuntos Económicos, Yolanda Díaz y Nadia Calviño, en enero en Madrid.

Las
ministras
de
Trabajo
y
Asuntos
Económicos,
Yolanda
Díaz
y
Nadia
Calviño,
en
enero
en
Madrid.
Samuel
Sanchez

“Derogaremos
la
reforma
laboral.
Recuperaremos
los
derechos
arrebatados
por
la
reforma
laboral
de
2012″,
decía
en
diciembre

el
acuerdo
de
coalición
entre
PSOE
y
Unidas
Podemos.

“Derogaremos
la
prioridad
de
los
convenios
de
empresa
sobre
los
sectoriales”,
añade,
en
línea
con
lo
negociado
hasta
primavera
entre
el
Ejecutivo
y
los
agentes
sociales.
El
documento

Inversiones
y
reformas
para
un
mercado
laboral
dinámico
,
elaborado
por
el
Ministerio
de
Economía
y
la
Oficina
Económica
de
La
Moncloa,
aboga
por
la
prevalencia
de
los
convenios
de
empresa
sobre
los
sectoriales
—en
plata:
menos
poder
de
negociación
para
los
sindicatos—.
Diluye
así
el
pacto
de
coalición
y
ha
causado
un
choque
entre
Economía
y
Trabajo,
además
de
malestar
en
los
sindicatos.


El
mercado
laboral
es
el
gran
talón
de
Aquiles
de
la
economía
española.

Y
no
solo
porque
la
tasa
de
paro
sea
del
17%
—10
puntos
más
que
la
media
europea—
en
el
promedio
de
los
últimos
40
años.
Los
Gobiernos
socialistas
y
del
PP
han
percutido
una
y
otra
vez
sobre
la
normativa
con
mil
y
una
reformas
laborales,
pero
hoy
la
tasa
de
empleo
está
a
niveles
de
2008,
el
paro
roza
ese
famoso
17%
—con
niveles
extraordinarios
en
el
juvenil
y
el
de
larga
duración—,
y
la
precariedad
es
estratosférica:
uno
de
cada
cuatro
contratos
es
temporal.

El
PP
de
Rajoy
hizo
la
última
reforma
de
calado
en
2012

y
propició
una
formidable
devaluación
interna:
a
pesar
de
que
los
tribunales
recortaron
sus
efectos,
esa
reforma
ayudó
a
salir
de
la
crisis
pero
a
costa
de
empeorar
las
condiciones
laborales.
Pedro
Sánchez
llegó
a
La
Moncloa
con
el
compromiso
de
derogarla.
Atrás
quedó
la
derogación
total,
que
ni
siquiera
Unidas
Podemos
reclama.
Pero
la
intensidad
de
los
cambios
en
el
mercado
laboral
es
una
de
las
grandes
batallas
políticas
de
los
próximos
tiempos,
dentro
incluso
del
propio
Ejecutivo.

El
Gobierno
ha
empezado
a
negociar
ya
las
reformas
asociadas
a
los
fondos
europeos.
Las
claves
en
pensiones
están
claras,
y
de
momento
no
han
provocado
grandes
focos
de
tensión.
Pero
en
materia
laboral
el
desencuentro,
de
momento,
es
notorio:
Economía
dio
en
octubre
los
primeros
trazos
con
un
primer
documento,

Las
reformas
en
el
Plan
de
Recuperación,
Transformación
y
Resiliencia
.
Este
segundo
texto
es
más
detallado.
Elaborado
de
la
mano
de
la
Oficina
Económica,
apunta
a
la
prevalencia
del
convenio
de
empresa
sobre
el
sectorial
—en
contra
de
lo
que
dice

el
acuerdo
de
coalición
—,
lo
que
resta
poder
de
negociación
a
los
sindicatos.
Ese
es
el
nudo
gordiano
de
la
disputa
con
Trabajo.
Además,
se
abre
a
la
posibilidad
de
flexibilizar
las
limitaciones
al
ámbito
temporal
del
convenio
colectivo,
haciéndolo
llegar
más
allá
de
su
vigencia
y
hasta
la
negociación
de
uno
nuevo.
Economía
aboga
también
por
impulsar
las
políticas
activas
y
por
simplificar
el
menú
de
contratos.

Ese
documento
ha
provocado
malestar
en
el
Ministerio
de
Trabajo
que
dirige
Yolanda
Díaz
(Unidas
Podemos),
según
las
fuentes
consultadas,
ante
la
constatación
de
que
no
va
en
la
línea
del
pacto
de
coalición
sobre
la
negociación
colectiva.
Ni
Economía
ni
Trabajo
quisieron
entrar
ayer
miércoles
en
detalles
al
respecto;
un
portavoz
de
la
vicepresidenta
Nadia
Calviño
se
remitió
a
unas
declaraciones
recientes
de
la
ministra
en
las
que
aboga
por
identificar
“un
conjunto
de
acciones
que
nos
permitan
abordar
los
desequilibrios
que
venimos
arrastrando”,
sin
más
detalles.
Pero
el
historial
de
desencuentros
entre
ambos
departamentos
no
deja
de
aumentar:
hubo
diferencias
de
calado
con
los
expedientes
de
regulación
temporal
de
empleo;
con
la
ley
de
teletrabajo;
con
la
normativa
que
regula
los

riders
,
y
con
el
subsidio
extraordinario
para
los
250.000
parados
que
perdieron
sus
ayudas
en
el
estado
de
alarma.
Trabajo,
además,
ya
se
levantó
hace
unas
semanas
de
las
reuniones
de
un
grupo
de
expertos
sobre
el
mercado
laboral
que
coordina
La
Moncloa,
en
desacuerdo
con
las
conclusiones,
que
aún
no
se
han
publicado.
Y,
una
vez
termine
de
aclararse
el
horizonte
de
la
legislatura
con
el
Presupuesto,

todo
apunta
a
un
nuevo
lío
con
la
reforma
laboral,

con
partidos
y
sindicatos
de
por
medio.

PSOE
y
sindicatos

La
profundidad
de
la
crisis
económica,
asociada
a
la
crisis
sanitaria,

ha
provocado
varios
episodios
de
tensión
en
el
Consejo
de
Ministros.

Las
fuentes
consultadas
en
La
Moncloa
subrayan
que
al
final
han
salido
adelante
medidas
de
gran
calado
para
proteger
rentas
—con
los
ERTE
y
las
líneas
de
avales—,
además
del

pacto
de
Presupuestos.

Pero
a
menudo
han
topado
dos
estilos:
la
ortodoxia
de
Calviño,
apoyada
por
la
ministra
de
Hacienda,
María
Jesús
Montero,
frente
a
un
mayor
activismo
por
parte
de
los
ministros
de
Podemos
y
algún
otro,
en
especial

José
Luis
Escrivá.

Esa
misma
dinámica
se
traslada
a
la
disputa
entre
partidos:
el
PSOE
se
mostró
ayer
miércoles
partidario
de
derogar
“los
aspectos
más
lesivos
de
la
reforma
laboral”,
en
concreto
sobre
la
prioridad
de
los
convenios
de
empresa
sobre
los
sectoriales.
“No
se
puede
derogar
todo
el
corpus
legislativo,
pero
en
cuanto
a
los
convenios
estamos
de
acuerdo
con
la
aproximación
de
Trabajo”,
apuntaron
fuentes
socialistas.


Los
sindicatos

están
a
la
espera
de
qué
sucede
con
ese
pulso.
“Si
hay
un
misil
político
a
la
línea
de
flotación
del
diálogo
social,
como
sugiere
ese
documento,
vamos
a
ser
beligerantes”,
apuntaron
fuentes
sindicales.
Hasta
primavera,
las
negociaciones
entre
el
Ejecutivo
y
los
agentes
sociales
avanzaban
a
buen
ritmo
acerca
de
la
negociación
colectiva,
con
la
prevalencia
de
los
convenios
sectoriales
que
ahora
está
en
entredicho.
Había
acuerdo
sobre
los
límites
a
la
ultraactividad
(la
posibilidad
de
prorrogar
los
convenios
si
no
hay
acuerdo
cuando
vencen),
sobre
la
subcontratación
y
sobre
las
cláusulas
de
descuelgue
(la
posibilidad
de
que
una
empresa
incumpla
su
convenio
si
tiene
dificultades).
La
pandemia
metió
en
un
largo
túnel
toda
la
negociación,
pero
agentes
sociales
y
Ejecutivo
vuelven
a
la
mesa
de
diálogo
en
un
clima
enrarecido
por
un
amplio
y
detallado
texto
encabezado
por
ese
extraño
título:

Inversiones
y
reformas
para
un
mercado
laboral
dinámico
.

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