El Supremo pide permiso al Congreso para investigar al ‘número tres’ de Podemos

En el centro, Alberto Rodríguez, secretario de Organización de Podemos, en el Congreso.

En
el
centro,
Alberto
Rodríguez,
secretario
de
Organización
de
Podemos,
en
el
Congreso.
FERNANDO
VILLAR
/
EFE

El
Tribunal
Supremo
ha
pedido
permiso
al
Congreso
para
investigar
al
diputado
y
secretario
de
Organización
de
Podemos,
Alberto
Rodríguez.
El
juez
instructor
Antonio
del
Moral
ha
solicitado
a
la
Cámara
baja
que
suspenda
la
inmunidad
del
parlamentario
y

número
tres

de
la
formación
de
izquierda
para
poder
continuar
con
la
causa
penal
abierta
contra
él
por
atentado
contra
la
autoridad
y
lesiones,
por
la
supuesta
agresión
a
un
policía
durante
una
manifestación
en
La
Laguna
(Santa
Cruz
de
Tenerife)
en
2014.
El
Congreso,
que
hace
apenas
cinco
meses

ya
dio
luz
verde
a
una
iniciativa
similar
del
tribunal
contra
Laura
Borrás
(Junts)
,
deberá
ahora
pronunciarse.

“De
lo
hasta
ahora
actuado,
y
tal
y
como
sostiene
el
fiscal,
se
desprenden
elementos
indiciarios
sólidos
para
considerar
a
Alberto
Rodríguez
posible
autor
de
un
delito”,
subraya
el
magistrado
del
Supremo.
El
escrito
ahonda
en
otro
de
los
frentes
judiciales
que
tiene
abiertos
actualmente
Podemos,
imputado
como
persona
jurídica
en
un
juzgado
de
Madrid
por
el
conocido
como


caso
Neurona
,
y
pendiente
aún
de
que
el
alto
tribunal
se
pronuncie
sobre
la
petición
de
imputación
contra
Pablo
Iglesias

tramitada
por
la
Audiencia
Nacional
por
el

caso
Dina
.

Los
hechos
por
los
que
el
Supremo
quiere
investigar
a
Alberto
Rodríguez
se
remontan
al
25
de
enero
de
2014,
cuando
se
celebró
en
La
Laguna
una
manifestación
contra
la
Lomce
(Ley
Orgánica
para
la
Mejora
de
la
Calidad
Educativa).
Esta
concentración
coincidía
con
la
asistencia
del
entonces
ministro
de
Educación
y
Cultura,
José
Ignacio
Wert,
a
un
acto
en
la
catedral
de
Nuestra
Señora
de
los
Remedios
de
la
ciudad.
Según
la
Fiscalía,
sobre
las
once
de
la
mañana,
un
grupo
de
medio
millar
de
personas
se
reunió
tras
el
vallado
de
seguridad
colocado
por
la
Policía
y
comenzó
a
gritar
expresiones
como:
“Perros,
hijos
de
puta”,
“quitaos
de
en
medio,
dejad
a
Wert
en
nuestras
manos…”.

“En
el
curso
de
tal
enfrentamiento
entre
manifestantes
y
agentes,
Alberto
Rodríguez
propinó
una
patada
a
un
policía,
quién
sufrió
traumatismo
en
un
dedo
de
la
mano
derecha
y
contusión
en
la
rodilla
izquierda,
requiriendo
para
su
sanidad
una
única
asistencia
facultativa
y
cinco
días
durante
los
que
no
estuvo
impedido
para
desarrollar
sus
actividades
habituales”,
expone
la
Fiscalía.
El
juez
instructor
cita
como
indicios
contra
Rodríguez
el
atestado
inicial,
la
declaración
del
agente
lesionado
y
los
informes
médicos.

Unos
dos
meses
de
trámite

El
Supremo
recuerda
en
su
petición
—conocida
judicialmente
como
suplicatorio—
que
un
juzgado
de
La
Laguna
llegó
a
decretar
la
apertura
de
juicio
oral
contra
el

número
tres

del
partido,
pero
que
se
dejó
sin
efecto
al
acceder
Rodríguez
al
Congreso
y
pasar
a
estar
aforado.
“Se
ha
llegado
a
un
momento
en
que
la
constancia
de
indicios
cualificados,
ya
consignados,
hace
imprescindible
para
avanzar
en
el
camino
procesal
recabar
la
autorización”
del
Congreso,
expone
el
magistrado
en
su
escrito.
Un
documento
que
el
presidente
de
la
Sala
de
lo
Penal
del
alto
tribunal,
Manuel
Marchena,
enviará
ahora
al
presidente
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial,
Carlos
Lesmes,
para
que
se
lo
remita
a
su
vez
a
la
presidente
del
Congreso,
Meritxell
Batet.

Una
vez
recibido
el
suplicatorio,
el
Congreso
dispondrá
de
unos
dos
meses
para
tramitarlo.
La
Cámara
lo
concede
normalmente.
Según
detalla
la
agencia
Europa
Press,
el
Parlamento
ha
dado
luz
verde
a
32
y
rechazado
14,
aunque

el
último
que
se
denegó
se
remonta
a
1988
,
cuando
el
Parlamento
se
opuso
a
tramitar
un
contencioso
por
derecho
al
honor
que
tenía
como
protagonista
al
exministro
socialista
José
Barrionuevo
por
incluir
la
foto
del
hermano
de
un
etarra
en
un
cartel
de
Interior.
Por
su
parte,
el
más
reciente
que
salió
adelante
es
de
hace
solo
cinco
meses,
cuando
se
concedió
permiso
para
investigar
a
Laura
Borràs
por
un
presunto
caso
de
corrupción.

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