El Gobierno da el primer paso para la reforma integral del proceso penal

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, este martes, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El
ministro
de
Justicia,
Juan
Carlos
Campo,
este
martes,
durante
su
intervención
en
la
rueda
de
prensa
posterior
al
Consejo
de
Ministros.
Jesús
Huellín
/
Europa
Press

El
Ejecutivo
dio
ayer
el
primer
paso
para
una
de
las
reformas
legales
de
mayor
envergadura:
la
de
la

Ley
de
Enjuiciamiento
Criminal
(Lecrim)
,
un
proyecto
que
se
ha
ido
retrasando
desde
hace
nueve
años
y
que
supondrá
un
cambio
estructural
en
el
proceso
penal.
El
Consejo
de
Ministros
aprobó
el
borrador
del
anteproyecto
de
ley
que
Justicia

encargó
a
una
comisión
de
expertos

y
que
deja
la
instrucción
penal
en
manos
de
los
fiscales.
El
ministro
Juan
Carlos
Campo
defendió
la
reforma
como
“un
ejercicio
de
coherencia
constitucional
y
de
cumplimiento
del
mandato
de
la
UE”.

Al
texto
aprobado
ayer
le
queda
por
delante
un
largo
camino
de
trámite
parlamentario
en
el
que
sufrirá
modificaciones,
pero
el
Ministerio
de
Justicia
confía
en
que
se
mantengan
las
líneas
esenciales
de
su
proyecto.
El

borrador
elaborado
por
un
grupo
de
expertos

bebe
del
plan
que
ya

se
puso
en
marcha
en
2011
,
en
tiempos
del
ministro
Francisco
Caamaño,
de
cuyo
equipo
formaba
parte
el
actual
ministro,
aunque
la
reforma
ahora
propuesta
es
más
amplia
e
incluye
cambios
que
entonces
no
se
plantearon.
El
texto
recoge
982
artículos,
casi
un
25%
más
que
el
elaborado
bajo
el
Ejecutivo
de
José
Luis
Rodríguez
Zapatero.
Y
apenas
un
10%
de
los
que
se
repiten
conservan
la
literalidad
del
anterior
proyecto,
según
fuentes
conocedoras
de
los
trabajos
de
redacción.

Si
el
proyecto
sale
adelante,
la
instrucción
de
las
causas
penales
será
asumida
por
el
fiscal,
que
dirigirá
toda
la
investigación.
Justicia
defiende
que
este
modelo,
que
cuenta
con
el
beneplácito
de
la
mayor
parte
de
las
carreras
judicial
y
fiscal,
es
más
“eficiente”
y
“garantista”.
El
fiscal
investiga
y
el
juez
vela
por
que
esa
investigación
no
vulnere
ninguna
garantía
constitucional.
Al
margen
de
que
Campo
es
firme
partidario
de
este
cambio,
el
titular
de
Justicia
advirtió
ayer
en
la
rueda
de
prensa
posterior
al
Consejo
de
Ministros
que
atribuir
la
investigación
al
fiscal,
“no
es
ya
una
opción,
sino
una
obligación
establecida
de
forma
clara
y
directa
por
la
UE”.

La
nueva
Lecrim,
que
pondrá
fin
a
la
vigencia
de
una
ley
de
138
años
(la
actual
se
aprobó
en
1882
y
ha
sido
reformada
77
veces),
obligará
a
retocar
otras
normas,
en
especial
el
Estatuto
Orgánico
del
Ministerio
Fiscal
y
la
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial,
en
la
que
se
deberá
regular
el
funcionamiento
de
los
jueces
de
garantía
y
los
llamados
tribunales
de
instancia
sobre
los
que
pivota
el
nuevo
modelo
(que
sustituyen
los
actuales
órganos
unipersonales).
Justicia
calcula
que
la
nueva
ley
tardará
seis
años
en
estar
en
pleno
funcionamiento,
ya
que
la
transferencia
de
funciones
de
los
jueces
a
los
fiscales
requiere
de
reformas
estructurales
que
abarcan
desde
la
necesidad
de
actualizar
las
herramientas
informáticas
a
la
distribución
de
funciones
del
personal
de
juzgados
y
fiscalías.

Aunque
el
modelo
de
investigación
fiscal
es
el
gran
cambio
que
introduce
el
texto
aprobado
ayer,
el
anteproyecto
recoge
otras
reformas
pendientes
desde
hace
años.
Uno
de
ellos
es
el
veto
a
que
los
partidos
políticos
y
los
sindicatos
ejerzan
la
acusación
popular,
una
práctica
que
se
ha
extendido
en
los
últimos
años,
particularmente
en
casos
de
corrupción
o
que
implican
a
políticos,
y
al
que
muchos
jueces
y
fiscales
eran
partidarios
de
poner
coto.
Los
expertos
que
han
participado
en
la
redacción
del
proyecto
defienden
este
cambio
para
“recuperar”
para
los
ciudadanos
la
acción
popular,
acaparada
ahora
por
organizaciones.

El
texto
prevé
también
la
creación
de
una
comisión
nacional
de
seguimiento
de
la
prisión
provisional,
un
órgano
inspirado
en
el
artículo
150
del
código
procesal
francés
y
cuya
misión
será
revisar
el
uso
que
se
da
a
esta
medida
cautelar.
La
ley
pretende
garantizar
la
indemnización
a
quienes
hayan
sido
absueltos
o
cuyo
proceso
se
haya
sobreseído
tras
estar
en
prisión
provisional.
“En
un
proceso
penal
regido
por
la
presunción
de
inocencia
la
prisión
provisional
tiene
que
ser
la
excepción”,
señalan
fuentes
conocedoras
de
la
redacción
del
texto,
que
recuerdan
que
el
Tribunal
Constitucional
fijó
recientemente
la
obligación
de
compensar
a
quienes
sufran
estas
situaciones.

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