Un juez condena a Interior por desnudar a un preso de los GRAPO para cachearlo

Fernando Grande-Marlaska y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, durante la presentación este lunes de las líneas estratégicas en la lucha contra la violencia de género.

Fernando
Grande-Marlaska
y
el
secretario
de
Estado
de
Seguridad,
Rafael
Pérez,
durante
la
presentación
este
lunes
de
las
líneas
estratégicas
en
la
lucha
contra
la
violencia
de
género.
Emilio
Naranjo
/
EFE

La
Audiencia
Nacional
ha
condenado
al
Ministerio
del
Interior
a
indemnizar
con
2.000
euros
al
preso
de

los
GRAPO

Ignacio
Varela
Gómez
al
considerar
que
dañó
su
dignidad
al
someterlo
a

un
cacheo
con
desnudo
integral

en
la
cárcel,
en
2018.
El
fallo,
del
pasado
julio,
concluye
que
aquel
registro
corporal
fue
ordenado
“sin
la
adecuada
fundamentación”,
por
lo
que
se
“vulneró
el
derecho
a
la
intimidad
personal”
del
recluso.
La
sentencia
ha
sido
distribuida
a
todas
las
prisiones
para
que
los
funcionarios
extremen
el
celo
al
aplicar
esta
medida,
según
una
circular
interna
de
Instituciones
Penitenciarias
a
la
que
ha
tenido
acceso
EL
PAÍS.
Varela,

detenido
en
2003
,
está
condenado
a
31
años
de
cárcel
por
atraco
frustrado,
pertenencia
a
banda
armada,
falsificación
de
documentación
y
tenencia
ilícita
de
armas.

El
cacheo
se
produjo
el
4
de
agosto
de
2018
en
la
cárcel
de
Puerto
I
(Cádiz),
donde
el
terrorista
está
recluido
en
primer
grado
penitenciario,
el
más
duro.
Tras
una
comunicación
especial
con
familiares
—que
se
celebran
en
un
cuarto
sin
mampara
de
separación—,
funcionarios
de
prisiones
sometieron
a
Varela
a
un
cacheo
al
sospechar
que
podía
llevar
encima
“sustancias
u
objetos
prohibidos”
tras
ese
encuentro.
Este
tipo
de
registros
corporales
está
contemplado
en
el
artículo
68
del
Reglamento
Penitenciario
“por
motivos
de
seguridad
concretos
y
específicos
cuando
existan
razones
individuales
y
contrastadas”,
e
incluyen
la
posibilidad
del
desnudo
integral.

Varela
presentó
días
después
una
queja
al
director
de
la
cárcel
al
considerar
que
la
medida
había
sido
injustificada.
Los
funcionarios
elaboraron
entonces
un
informe
ampliatorio
en
el
que
justificaron
el
registro
por
el
“nerviosismo
y
protestas”
con
la
que
el
preso
recibió
el
anuncio
de
que
iba
a
ser
cacheado.
Ello
les
llevó
a
“sospechar”
que
el
interno
“pudiera
ser
portador
de
algún
objeto,
sustancia
o
documento
oculto”.
El
documento
destacaba
que,
con
anterioridad,
ya
se
le
había
intervenido
a
este
preso
“material
prohibido”
en
cuatro
ocasiones.
Y
recordaba
que
Varela,
incluido
en
el
Fichero
de
Internos
de
Especial
Seguimiento
(FIES)
por
su
condena
por
terrorismo,
tenía
una
“estrecha
relación”
con
reclusos
de
ETA
ubicados
en
su
mismo
módulo
y
con
los
que
podía
“compartir
documentación
que
pudiera
serle
transmitida”
por
estas
comunicaciones
familiares.

Interior
rechazó
la
queja
en
primera
instancia,
pero
el
juez
de
Vigilancia
Penitenciaria
de
la
Audiencia
Nacional,
José
Luis
de
Castro,
la
estimó
al
considerar
que
en
la
orden
que
autorizó
el
cacheo
“se
omitieron
los
motivos
de
seguridad
concretos
y
específicos”
que
determinaron
la
necesidad
de
que
fuera
con
desnudo
integral.
Tras
este
pronunciamiento,
el
recluso
reclamó
2.000
euros
de
indemnización
que
Interior
rehusó
pagar,
pero
que
ahora
el
titular
del
Juzgado
de
lo
Contencioso
Administrativo
2
de
la
Audiencia
Nacional,
Luis
Manuel
Ugarte,
ha
concedido.
El
magistrado,
en
sentencia
firme,
concluye
que
aquel
cacheo
fue
una
“violación
del
derecho
fundamental
a
la
intimidad
personal”
del
preso
y
considera
“razonable”
la
cantidad
reclamada
para
indemnizar
el
“daño
moral”.

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