El Supremo se inclina por revocar la semilibertad de los presos del ‘procés’

El
Tribunal
Supremo
se
inclina
por
que
los
presos
del

procés

sigan
encarcelados
sin
disfrutar
de

la
semilibertad
de
la
que
gozaron
durante
unos
días

el
verano
pasado.
La
Sala
de
lo
Penal
deliberó
este
jueves
parte
de
los
recursos
presentados
por
la
Fiscalía
contra

la
concesión
del
tercer
grado

a
los
nueve
condenados
por
sedición
y
los
de
estos
contra
su
suspensión
cautelar.
El
tribunal,
según
las
fuentes
consultadas,
es
partidario
de
revocar
los
cambios
de
grado.
El
Supremo
valora,
entre
otras
razones,
que
los
presos
han
declarado
públicamente
que
volverían
a
actuar
como
lo
hicieron
en
el
otoño
de
2017.

La
decisión
sobre
la
semilibertad
de
los
presos
del

procés

está
en
manos
de
los
mismos
magistrados
que
juzgaron
y
sentenciaron
el
caso,
con
la
excepción
de
Luciano
Varela,
ya
jubilado.
El
tribunal
está
integrado
por
el
presidente
de
la
Sala
de
lo
Penal,
Manuel
Marchena,
que
ejerce
como
ponente,
y
los
magistrados
Andrés
Martínez
Arrieta,
Juan
Ramón
Berdugo,
Andrés
Palomo,
Antonio
del
Moral
y
Ana
Ferrer.

Los
magistrados
tienen
que
revisar
más
de
una
treintena
de
recursos,
ya
que
sobre

cada
uno
de
los
nueve
presos

hay
varios
escritos:
por
una
parte,
las
impugnaciones
presentadas
por
el
ministerio
público
contra
el
tercer
grado
que
les
concedió
en
julio
la
Generalitat,
así
como
los
recursos
de
los
propios
condenados
contra
la
decisión
de
dos
jueces
de
Vigilancia
Penitenciaria
de
suspenderles
la
semilibertad
mientras
el
alto
tribunal
decide
si
la
confirma
o
la
revoca.
Además,
los
magistrados
tienen
que
decidir
sobre
la
otra
vía
abierta
por
el
Gobierno
catalán
para
flexibilizar
el
cumplimiento
de
la
pena
de
los
nueve
presos:
la
aplicación
del
artículo
100.2
del
reglamento
penitenciario,
que
les
permitía
salir
de
presión
a
diario
para
trabajar,
hacer
voluntariado
o
cuidar
de
familiares.

Durante
la
reunión
celebrada
este
jueves,
al
tribunal
solo
le
dio
tiempo
de
revisar
los
recursos
relativos
a
cuatro
de
los
nueve
presos
y
los
magistrados
se
emplazaron
para
continuar
la
deliberación
la
semana
que
viene.
Los
autos
sobre
los
casos
resueltos
aún
no
están
listos
(este
jueves
trabajaron
sobre
borradores)
y
la
intención
de
la
sala
es
notificar
la
próxima
semana
su
decisión
tanto
sobre
los
cuatro
casos
ya
analizados
como
sobre
los
que
ayer
quedaron
pendientes.
El
hecho
de
que,
tras
resolver
sobre
cuatro
casos,
el
tribunal
no
ordenara
la
vuelta
al
tercer
grado
de
ninguno
de
los
presos,
confirma
que
los
magistrados
han
rechazado
la
opción
de
concederles
la
semilibertad
y
el
futuro
penitenciario
de
los
nueve
presos,

condenados
a
penas
de
entre
9
y
13
años
de
cárcel
,
queda
en
manos
del
Supremo
mientras
el
Gobierno
tramita
el
indulto
y
debate
la
reforma
del
delito
de
sedición.

La
decisión
de
anular
el
tercer
grado,
si
se
confirma
para
los
nueve
presos,
solo
tendría
consecuencias
prácticas
para
la
expresidenta
del
Parlament
Carme
Forcadell
(condenada
a
11
años
y
medio
por
sedición)
y
la
exconsejera
Dolors
Bassa
(12
años
por
sedición
y
malversación).
Ellas
fueron
las
únicas
que
se
beneficiaron
de
las
discrepancias
de
criterio
existentes
entre
los
juzgados
de
vigilancia
penitenciaria
sobre
si
la
semilibertad
de
los
presos
del

procés

debía
quedar
en
suspenso
hasta
que
el
Supremo
la
confirmara
o
anulara.
Ambas
han
continuado
acudiendo
a
la
cárcel
solo
a
dormir
de
lunes
a
jueves
y
pasando
los
fines
de
semana
en
sus
casas,
mientras
los
siete
presos
hombres,
cuya
cárcel
depende
de
otro
juzgado,
volvieron
a
finales
de
julio
al
régimen
ordinario
de
prisión.
Forcadell
y
Bassa
perderían
ahora
esa
semilibertad
si
el
Supremo
revoca
definitivamente
la
medida
acordada
por
la
Generalitat.

La
suspensión
del
tercer
grado
y
de
la
aplicación
del
100.2
fue
reclamada
ante
el
Supremo
por
la
Fiscalía,
para
la
que
la
concesión
de
ambas
medidas
fue
“prematura”.
Según
el
ministerio
público,
al
concederles
la
semilibertad,
el
Govern
pretendió
“alterar
la
decisión
condenatoria
de
la
sentencia”,
una
reflexión
que
ya
suscribió
el
propio
Supremo
en
julio
pasado
cuando
revocó
la
aplicación
del
artículo
100.2
a
Forcadell.
El
auto
firmado
por
el
tribunal
para
exponer
esa
decisión
ya
avanzaba
algunos
de
los
argumentos
que,
según
las
fuentes
consultadas,
reiterarán
ahora
los
magistrados.
Los
jueces,
entre
otras
razones,
valoran
la
gravedad
del
delito
cometido
y
de
la
pena
impuesta,
así
como
que
los
líderes
independentistas
se
han
mostrado
dispuestos
a
volver
a
actuar
como
lo
hicieron
durante
el
otoño
de
2017.

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