La calefacción central se apagará en 2023

La nueva normativa afectará a edificios anteriores a 1998.

La
nueva
normativa
afectará
a
edificios
anteriores
a
1998.
Os
Tartarouchos/Getty
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/
El
País

Pagar
solo
por
la
calefacción
que
cada
uno,
propietario
o
inquilino,
consume
en
su
vivienda
es
una
de
las
razones
que
ha
llevado
al
Gobierno
a
aprobar,

tras
seis
años
de
retraso,
l
a
norma
que
regula
la
instalación
de
contadores
individuales
en
edificios
con
sistemas
centralizados.
El
nuevo
decreto,
que
entró
en
vigor
el
7
de
agosto,
da
un
plazo
máximo
de
tres
años
para
adaptarse.

Así,
antes
de
mayo
de
2023,
1,4
millones
de
viviendas
tendrán
que
contar
con
dispositivos
(contadores
y
repartidores)
que
midan
el
consumo
en
los
edificios
que
tienen
calefacción
centralizada,
según
la
Asociación
Española
de
Repartidores
de
Costes
de
Calefacción
(Aercca).
La
nueva
normativa
no
afectará
a
todos

los
bloques
con
calefacción
central

que
existen
en
España
(1,7
millones
de
viviendas
tienen
este
sistema,
según
la
OCU),
sino
solo
a
los
construidos
con
anterioridad
a
1998
—los
posteriores
a
esta
fecha
ya
están
obligados
por
el
Reglamento
de
Instalaciones
Térmicas
en
Edificios—;
y
que,
además,
no
estén
ubicados
en
zonas
climáticas
exentas
por
la
norma
(se
corresponden
a
las
más
cálidas,
esto
es,
islas
y
litoral
mediterráneo).

Tampoco
es
de
obligado
cumplimiento
en
las
fincas
donde
la
instalación
de
estos
dispositivos
no
sea
técnicamente
viable
(por
ejemplo,
si
el
sistema
de
calefacción
es
por
monotubos
en
serie,
ventiloconvectores
o
aerotermos)
o
si
la
inversión
no

se
puede
amortizar
con
los
ahorros
conseguidos

en
un
máximo
de
cuatro
años.
“Se
debe
solicitar
a
la
empresa
mantenedora
un
estudio
técnico
previo
y,
si
resulta
positivo,
encargar
un
estudio
económico
que
analice
la
rentabilidad
de
la
instalación.
Si
ambos
resultan
positivos,
la
instalación
es
obligatoria”,
cuentan
desde
el
Colegio
de
Administradores
de
Fincas
de
Madrid.
Las
empresas
tienen
que
realizar
estos
estudios
de
forma
gratuita.

A
priori,
se
debe
instalar
un
contador,
pero
si
no
es
posible
se
colocará
un
repartidor
de
costes
en
cada
radiador.
La
diferencia
es
que
en
el
caso
del
contador
se
coloca
uno
por
vivienda
y
mide
directamente
la
calefacción
en
kWh,
mientras
que
los
repartidores
se
ponen
en
cada
radiador
y
miden
unidades
de
consumo
que
luego
se
utilizan
para
hacer
el
reparto
de
los
costes
de
calefacción
entre
los
vecinos.
Se
pueden
adquirir
en
régimen
de
venta
o
alquiler.
Mientras
que
cada
repartidor
instalado
cuesta
unos
30
euros,
un
contador
supera
los
250
euros.
El
alquiler
de
estos
dispositivos,
con
servicio
de
mantenimiento
incluido,
sale
por
siete
euros
al
mes.

“La
forma
más
sencilla
de
cumplir
la
normativa
es
poner
un
contador
a
cada
vecino,
pero
esto
solo
es
técnicamente
posible
en
las
calefacciones
dispuestas
en
anillo
—cada
vivienda
tiene
su
acometida
de
agua
y
sus
radiadores
están
conectados
entre

formando
un
anillo—”,
explica
Enrique
García,
portavoz
de
la
OCU.
Solo
existen
600.000
viviendas
en
España
con
este
modelo.
En
cambio,
hay
más
de
un
millón
de
pisos
cuyas
instalaciones
de
calefacción
están
distribuidas
en
columna
—los
radiadores
de
las
distintas
casas
están
unidos
entre

de
arriba
abajo—,
en
las
que
no
es
viable
poner
un
contador
y
que
requerirán
la
instalación
de
un
repartidor
de
costes.
Con
todo,
“menos
de
un
5%
de
los
edificios
quedarán
exentos
de
la
obligación
de
poner
contadores
o
repartidores
de
costes”,
asegura
Ignacio
Abati,
presidente
de
Aercca
y
director
general
de
la
empresa
Ista.

180.000
pisos

En
los
últimos
cinco
años,
adelantándose
a
la
normativa,
se
han
instalado
contadores
o
repartidores
en
180.000
pisos
en
España,
calculan
en
Aercca.
Javier
Martínez
ha
colocado
repartidores
en
su
vivienda
de
Zaragoza,
de
común
acuerdo
con
el
resto
de
los
vecinos.
Se
instalaron
en
junio
de
2014
en
su
edificio
de
casi
50
años
y
desde
entonces
el
ahorro
en
gas
que
se
ha
registrado
en
esta
comunidad
de
propietarios
se
mueve
entre
un
20%
y
22%
cada
año.
El
Gobierno
estima
que
hacer
uso
de
estos
dispositivos
puede
suponer
un
ahorro
medio
del
24%.

Javier
paga
en
su
piso
de
70
metros
cuadrados
una
media
de
135
euros
durante
los
seis
meses
de
encendido
de
la
calefacción
(de
noviembre
a
abril).
Antes,
el
desembolso
llegaba
a
los
410
euros,
por
lo
que
el
ahorro
obtenido
ha
sido
de
275
euros.
Esta
comunidad
tiene
los
dispositivos
en
régimen
de
alquiler
y
paga
unos
60
euros
al
año
por
vivienda.

Sin
embargo,
no
todos
los
usuarios
tienen
la
percepción
de
estar
ahorrando.
“Al
comprobar
el
consumo
en
la
factura,
llama
mucho
la
atención
y
se
provoca
esa
curiosa
sensación
de
que
se
paga
más.
Aunque,
la
experiencia
dice
que
en
términos
de
calor
se
ahorra”,
argumenta
Salvador
Díez,
presidente
del
Consejo
General
de
Colegios
de
Administradores
de
Fincas
(CGCAFE).
Con
este
sistema,
los
propietarios
reciben
una
factura
más,
la
de
calefacción,
que
antes
no
generaban
porque
estaba
incluida
en
la
cuota
de
comunidad.
“En
el
recibo
aparecen
además
de
los
consumos
propios,
comparativas
con
respecto
a
otros
anteriores
o
a
consumos
de
referencia
en
viviendas
similares”,
explica
Abati.

Para
el
Instituto
para
la
Diversificación
y
Ahorro
de
la
Energía
(IDAE)
esta
errónea
percepción
de
no
ahorrar
se
debe
a
la
experiencia
del
usuario:
“Cuando
se
realiza
este
tipo
de
instalaciones
los
usuarios
adoptan
medidas
para
ahorrar
(regulan
la
temperatura
en
el
interior
de
la
vivienda,
ajustan
los
horarios
de
funcionamiento
de
la
calefacción…)
y
de
esta
forma
reducen
la
factura
energética.
Lógicamente
aquellos
que
no
adoptan
un
papel
activo
en
pro
del
ahorro
energético,
seguirán
teniendo
la
misma
factura
que
antes”.

Si
se
pretende
lograr
que
la
medida
sea
realmente
eficaz,
es
imprescindible
actuar
sobre
el
conjunto,
es
decir,
además
de
contadores
o
repartidores,
colocar
válvulas
termostáticas
en
los
radiadores
de
manera
que
cada
vecino
pueda
regular
la
emisión
de
calor,
reduciendo
o
ajustando
el
consumo
a
las
estancias,
temperaturas
y
horarios
que
necesite.
“También
habrá
que
hacer
una
regulación
completa
de
toda
la
instalación
para
adecuarla
a
las
nuevas
pautas
de
funcionamiento,
para
lo
cual
se
deberán
instalar
bombas
de
caudal
variable
o
variadores
de
frecuencia
y,
en
general,
proceder
a
un
equilibrado
hidráulico
de
la
instalación,
lo
que
evitará
problemas
de
ruidos”,
considera
Miguel
Ángel
Sagredo,
asesor
jurídico
de
la
Asociación
de
Empresas
del
Sector
de
las
Instalaciones
y
la
Energía
(Agremia).

Aunque
no
existe
una
obligación
inmediata
de
adaptar
las
viviendas
de
cara
al
próximo
invierno,
ya
que
las
primeras
instalaciones
en
las
zonas
más
frías
(Soria,
Burgos,
León…)
deberán
llevarse
a
cabo
antes
de
mayo
de
2022,
no
hay
que
dormirse.
Al
menos
15
meses
antes
de
la
fecha
obligatoria
—diferente
para
cada
zona
climática
en
función
de
su
situación
y
el
número
de
viviendas—,
las
comunidades
de
propietarios
deberían
solicitar
los
presupuestos
para
cumplir
con
la
nueva
normativa.
En
la
ciudad
de
Madrid,
por
ejemplo,
donde
la
fecha
tope
para
instalar
los
contadores
es
octubre
de
2022
o
marzo
de
2023,
dependiendo
del
número
de
viviendas,
los
plazos
para
solicitar
los
presupuestos
son
antes
del
1
de
julio
de
2021
para
edificios
de
20
o
más
viviendas
y
antes
del
1
de
diciembre
de
2021
para
edificios
de
menos
de
20
pisos.

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