Las pensiones encadenan dos años ganando poder adquisitivo

Un grupo de pensionistas en Terrasa (Barcelona)

Un
grupo
de
pensionistas
en
Terrasa
(Barcelona)
CRISTOBAL
CASTRO

Los
precios
se
han
pasado
buena
parte
de
2020
cayendo.
El
coronavirus
ha
rematado
una
inflación
que
ya
llevaba
débil
mucho
tiempo
como
consecuencia
de
una
débil
recuperación
de
la
crisis
financiera,
al
menos
en
un
país
con
el
historial
español.

Noviembre
ha
acabado
con
un
IPC
anual
del
-0,8
,
según
el
dato
divulgado
este
lunes
por
el
INE.
En
los
últimos
12
meses
eso
supone
caída
media
de
precios
del
-0,2%.
Una
consecuencia
es
que
los
pensionistas
ganan
poder
adquisitivo.
El
aumento
de
sus
prestaciones
este
año
fue
del
0,9%.
Esto
supone
un
saldo
de
1,1
puntos
a
su
favor
que
se
añade
al
del
año
anterior.


Ya
hace
tres
años
que
España
encadenó
la
evolución
de
las
pensiones
a
los
precios
.
Aunque
esa
ligazón
es
parcial,
como
ya
sucedía
antes
de
que
se
rompiera
ese
vínculo
en
2013.
Sirve
para
asegurarse
de
que
no
pierden
poder
adquisitivo;
suelen
ganarlo.
Y
eso
es
lo
que
sucedió
en
2019
y
ha
vuelto
a
pasar
en
2020.
Los
decretos
de
revalorización
de
las
pensiones
de
sendos
ejercicios
establecen
que
para
blindar
el
poder
de
compra
de
los
jubilados
se
revisará
si
los
precios
crecen
más
a
lo
largo
del
año
de
lo
que
lo
hicieron
las
pensiones
en
enero.
Y
para
ello
se
toma
como
referencia
la
media
del
IPC
anual
entre
diciembre
de
un
año
y
noviembre
del
siguiente,

este
último
dato
es
el
que
el
INE
divulgó
este
lunes
.

Desde
que
se
volvieron
a
utilizar
los
precios
como
referencia
para
determinar
la
evolución
de
las
pensiones,
estas
no
han
perdido
poder
adquisitivo.
Tampoco
con
la
criticada
fórmula
aprobada
en
2013,
ahora
suspendida,
lo
perdieron
todos
los
ejercicios.
Entonces
se
vinculó
la
revalorización
a
la
situación
financiera
de
la
Seguridad
Social,
muy
precaria
desde
2011.
El
resultado
fue
un
aumento
mínimo
del
0,25%
durante
cinco
años.
Pero
la
inflación
lleva
tiempo
aquejada
de
anemia
y
en
algunos
ejercicios
los
precios
crecieron
menos
incluso.

Ese
mecanismo
se
suspendió
hace
tres
años.
En
2018
se
hizo
una
ligera
revisión
al
alza,
porque
los
precios
habían
aumentado
una
décima
más
que
las
prestaciones.
Al
año
siguiente
ganaron
nueve
décimas
de
poder
de
compra,
y
este
año
serán
1,1
puntos.
Es
decir,
la
prestación
de
los
pensionistas
ha
subido
un
2%
más
que
el
coste
de
la
vida.

Además
de
los
pensionistas,
también
los
trabajadores
públicos
incrementarán
su
poder
adquisitivo
en
2020.
En
este
caso
el
aumento
será
mayor
incluso,
ya
que
su
aumento
de
sueldos
fue
del
2%
y
la
referencia
a
tomar
será
el
año
natural.
Según
la
previsión
del
IPC
que
Funcas
ha
hecho
para
todo
2020,
los
precios
van
a
caer
una
media
del
-0,3%.

Impedir
que
las
pensiones
pudieran
perder
poder
adquisitivo
fue
la
principal
demanda
que
aglutinó
grandes
movilizaciones
de
pensionistas
en
el
invierno
y
la
primavera
de
2018.
Aquellas
manifestaciones
masivas
llevaron
a
suspender
esa
fórmula
aprobada
en
2013.
El
propio
Pacto
de
Toledo
acaba
de
manifestar
su
rechazo
a
ese
mecanismo
en
su
último
informe
de
recomendaciones,
que
contó
con
un
amplísimo
respaldo
en
el
Congreso
hace
unos
días.
Solo
votó
en
contra
de
la
CUP.
Entre
los
que
apoyó
este
informe
estuvo
el
PP,
el
partido
que
estando
en
el
Gobierno
aprobó
la
fórmula
suspendida:
“El
vigente
mecanismo
de
revalorización
de
las
pensiones
no
goza
del
suficiente
consenso
político
y
social”.

En
la
misma
recomendación,
los
diputados
señalan
que
“la
revalorización
anual
de
las
pensiones
se
presenta
como
el
mecanismo
que
ha
de
servir
para
conservar
el
poder
adquisitivo”.
Y
eso
es
precisamente
uno
de
los
puntos
que
se
negocian
ahora
en
la
mesa
de
diálogo
social,
que
tuvo
ayer
una
nueva
reunión,
y
que
tiene
que
dar
forma
a
la
próxima
reforma
de
las
pensiones.

La
Seguridad
Social
todavía
no
ha
concretado
la
propuesta
en
este
punto.
No
obstante,
en
una
entrevista
reciente
en
EL
PAÍS,
el
ministro
del
ramo,
José
Luis
Escrivá,
sugirió
que
baraja
“ventanas
de
tiempo
algo
más
largas”
que
un
año
para
revisar
si
las
prestaciones
pierden
poder
de
compra
o
no.
Hacerlo
durante
más
de
un
año
da
margen
a
la
Administración
para
compensar
las
ganancias
de
un
año
con
las
pérdidas
de
otro.

Si
se
hace
así
se
evitaría
el
tremendo
desgaste
político
que
supondría
pedir
a
los
pensionistas
que
devolvieran
parte
de
lo
cobrado
porque
las
pensiones
subieron
más
que
los
precios.
Y,
de
hecho,
ningún
Gobierno
ha
tratado
de
hacerlo.
Antes
de
2013,
el
mecanismo
de
revalorización
era
similar
al
actual
y
los
Ejecutivos
del
PP
y
del
PSOE
que
se
vieron
en
una
situación
como
la
actual,
nunca
trataron
de
absorber
las
ganancias
de
poder
adquisitivo.

La
revalorización
de
las
pensiones
es
uno
de
los
elementos
clave
en
la
evolución
del
gasto
de
la
Seguridad
Social,
junto
con
el
número
total
de
beneficiarios
y
la
pensión
media.
Esto
ha
llevado
a
organismos
como
la
Fundación
de
Estudios
de
Economía
Aplicada
(Fedea)
a
proponer
en
diversas
ocasiones
a
lo
largo
de
los
últimos
años
que
la
garantía
de
poder
adquisitivo
solo
afecte
a
las
pensiones
mínimas.

Hay
varias
respuestas
a
estas
posiciones.
Una
sería
que
la
sociedad
española
no
acepta
la
posibilidad
de
que
las
pensiones
pierdan
poder
de
compra,
como
demostraron
las
movilizaciones
de
2018.
Otra
es
que
el
sistema
de
pensiones
español
es
contributivo
y
parte
del
principio
de
que
el
trabajador
cotiza
para
cobrar
una
pensión
futura
que
le
garantice
un
nivel
de
vida;
por
tanto,
permitir
que
la
prestación
pueda
verse
erosionada
rompe
ese
principio.

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