Un tribunal militar absuelve a cinco sargentos que acosaron a una compañera lesbiana

Mujeres militares en un acto organizado por el Ministerio de Defensa en la base de El Goloso (Madrid).

Mujeres
militares
en
un
acto
organizado
por
el
Ministerio
de
Defensa
en
la
base
de
El
Goloso
(Madrid).
ULY
MARTÍN

Los
comentarios
despectivos
sobre
S.
comenzaron
antes
de
su
incorporación
al
Regimiento
de
Artillería
de
Campaña
(RACA
93)
de
Tenerife,
en
mayo
de
2015.
“Va
a
llegar
una
sargento
lesbiana
y
gandula”,
“va
a
venir
una
sargento
a
la
que
le
gustan
más
los
chochos
y
las
tetas
que
a
Rubén”,
se
comentó
en
la
cantina
de
mandos,
según
relataron
varios
testigos,
que
ante
el
juez
no
se
pusieron
de
acuerdo
en
quién
lo
dijo.

El
ambiente
de
menosprecio
hacia
ella
era
“generalizado”
en
la
unidad,
admite
la
sentencia
que
dictó
el
30
de
octubre
el

Tribunal
Militar
Territorial

Quinto,
con
sede
en
Tenerife.
Lo
propiciaban
cinco
sargentos,
cuatro
hombres
y
una
mujer,
que
se
burlaban
de
ella
en
público,
tachándola
de
“gandula”,
“hombre
frustrado
con
cuerpo
de
mujer”,
minion
(por
el
personaje
de
la
película
de
animación

Gru,
mi
villano
favorito
)
o
“rata”,
además
de
“enana”
y
“lesbiana”,
con
tono
despectivo.
Lo
hacían
siempre
a
sus
espaldas,
pero
esos
comentarios
llegaban
a
sus
oídos.

Los
demás
sargentos
le
hacían
el
vacío
a
S.
y
solo
se
dirigían
a
ella
cuando
no
tenían
más
remedio.
A
la
menor
ocasión,
menospreciaban
su
profesionalidad
y
valía.
En
un
enero
de
2016,
durante
un
ejercicio
de
instrucción
en
una
batería,
se
vio
desbordada
por
la
gran
cantidad
de
trazas
que
le
enviaban
sus
compañeros.
Un
brigada,
que
la
encontró
“nerviosa
y
abatida”,
recriminó
a
los
sargentos
que
hubieran
“disfrutado”
a
costa
de
ella.

Incluso
la
humillaban
delante
de
los
soldados
que
tenía
a
sus
órdenes.
En
otoño
del
mismo
año,
en
una
práctica
de
tiro,
S
estaba
dando
instrucciones
a
la
tropa
sobre
cómo
realizarlo
cuando
se
acercaron
dos
sargentos
y
uno
la
apartó
diciendo:
“Ahora
mando
yo”.
Meses
después,
como
responsable
de
armamento,
envió
a
un
soldado
a
por
material,
liberándole
de
la
formación.
Otro
sargento
cuestionó
la
orden
delante
de
todos
los
presentes
y
se
encaró
con
ella,
llamándola
“loca”
y
girando
su
dedo
índice
apoyado
en
la
sien.

S.
recurrió
al
teniente
para
quejarse
y
explicarle
que
“no
aguantaba
más”;
pero
este,
dice
la
sentencia
en
tono
exculpatorio,
“debido
a
su
inexperiencia
y
a
su
reciente
incorporación
a
la
unidad,
no
valoró
convenientemente
la
situación”
y
se
limitó
a
recomendarle
que
“solucionara
los
problemas”
con
sus
acosadores.
En
el
IPEC
o
informe
personal
de
S.,
el
teniente
escribió
que
esta
“no
se
relacionaba
con
sus
compañeros,
no
se
enteraba
de
las
cosas
ni
se
las
hacía
llegar
a
él,
a
diferencia
de
otros
suboficiales”.

La
situación
de
S.
“era
manifiesta
y
conocida
por
el
resto
de
miembros
de
la
unidad”,
pero
solo
un
capitán
intervino
y
ordenó
a
un
sargento
que
se
había
reído
de
ella
en
plena
formación
que
le
pidiera
disculpas.
Ella
“le
contestó
que
no
se
las
aceptaba
porque
no
era
la
primera
vez”.

S.
nunca
denunció
el
hostigamiento
que
sufría.
En
marzo
de
2017,
cuando
estaba
declarando
como
testigo
en
otro
procedimiento,
relató
algunas
de
las
vejaciones
de
las
que
había
sido
víctima
y
el
juez
ordenó
la
apertura
de
diligencias
previas,
en
las
que
inicialmente
ella
ni
siquiera
quiso
personarse.

En
mayo
de
2018,
el
mismo
tribunal
militar
de
Tenerife
acordó
el
sobreseimiento
definitivo
de
la
causa,
en
la
que
ya
habían
sido
procesados
los
cinco
sargentos
compañeros
de
S.,
pero
la
Sala
Quinta
del

Tribunal
Supremo

le
ordenó
reabrirla
y
celebrar
el
juicio.

El
fiscal
pidió
un
año
de
cárcel
para
cada
uno
de
los
cinco
procesados
por
un
delito
de
acoso
profesional
y
una
indemnización
de
3.000
euros;
mientras
que
la
acusación
particular
reclamó
dos
años
a
cada
uno
por
el
mismo
delito
y
otros
cuatro
por
un
delito
de
odio,
además
de
50.000
euros.
La
defensa
pidió
la
absolución.

La
acusación
particular
basó
la
imputación
del

delito
de
odio

en
que
“fue
la
condición
de

homosexual

de
la
sargento
la
que
motivó
la
hostilidad
y
el
hostigamiento
contra
ella”.
Sin
embargo,
el
tribunal
cree
que
el
acoso
“no
se
inicia,
ni
se
continúa
ni
se
centra
en
su
condición
de
homosexual”,
sino
que
el
elemento
principal
fue
“la
rivalidad
profesional
y
una
insana
competición”.

Admite
la
sentencia
que
“su
condición
sexual
es
un
aspecto
que
también
genera
algún
comentario
[vejatorio],
pero
no
con
el
protagonismo
requerido
para
que
pudiésemos
considerar
que
la
conducta
se
origina
por
una
situación
de
incitación
al
odio
hacia
este
tipo
de
personas”.

El
tribunal
tampoco
aprecia
acoso
profesional.
El
hecho
de
que
los
sargentos
“no
realizaran
los
comentarios
y
bromas
peyorativos
directamente”
a
ella,
sino
a
sus
espaldas;
y
que
estos
tuvieran,
“en
principio,
un
carácter
nimio,
aunque
acabaran
resultando
pesados
por
su
reiteración”,
sirve
a
los
jueces
militares
para
concluir
que
no
tuvieron
“entidad
suficiente”
para
ser
delito.

La
sentencia
habla
de
“desconsideración,
mal
compañerismo
y
burla”,
pero
sin
capacidad
de
generar
“un
sentimiento
de
humillación,
vejación
y
temor”;
solo
“incomodidad”,
especialmente
por
la
“incomprensión”
de
algunos
mandos
a
los
que
pidió
ayuda.
Tras
concluir
que
no
hubo
“menoscabo
grave
de
la
dignidad
personal”
de
S.
ni
resultó
“especialmente
afectada
la
disciplina”;
absuelve
a
los
cinco
suboficiales,
aunque
advierte
de
que
pueden
ser
castigados
por
una
falta
disciplinaria
muy
grave.

La
sentencia
aún
no
es
firme,
pero
el
defensor
de
los
suboficiales,

Antonio
Suárez-Valdés,

se
felicita
de
que
se
haya
demostrado
que
solo
existió
“una
rivalidad
profesional
entre
suboficiales,
pero
en
ningún
caso
una
persecución
hacia
uno
de
ellos
y
mucho
menos
por
motivo
de
su
orientación
sexual”.

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