El defensor del Pueblo: “Confinar inmigrantes en Canarias no es la solución”

Francisco Fernandez Marugán, Defensor del Pueblo, en una imagen de julio de 2019.

Francisco
Fernandez
Marugán,
Defensor
del
Pueblo,
en
una
imagen
de
julio
de
2019.
Samuel
Sánchez

El
defensor
del
Pueblo,
Francisco
Fernández
Marugán
(Cáceres,
74
años)
tenía
previsto
estar
esta
semana
en
Canarias
para
comprobar
en
persona
las
condiciones
de
recepción
y
acogida
en
las
islas
tras
la
crisis
desatada
por
la
llegada
de
cerca
de
20.000
inmigrantes,
pero
está
confinado
en
su
casa
de
Madrid.
Tras
conocer
que
un
miembro
de
su
equipo
dio
positivo
en
coronavirus
tuvo
que
cancelar
el
viaje,
pero
concede
esta
entrevista
telemática
en
la
que
analiza
la
situación
del
archipiélago
tras
la
visita
de
sus
técnicos
del
16
al
21
del
pasado
mes
de
noviembre.
“En
la
coyuntura
actual,
no
valen
planteamientos
rígidos,
ni
soluciones
aisladas”,
advierte.
Para
Marugán,
el
error
“más
evidente”
en
esta
crisis
ha
sido
el
muelle
de
Arguineguín,
donde
llegaron
a
hacinarse
2.600
personas.
“No
debería
haber
existido”,
afirma.


PREGUNTA.

Este
es
el
segundo
gran
repunte
de
llegadas
que
afronta
España
en
solo
dos
años.
Ya
en
2018,
propuso
algunas
medidas
que
deberían
adoptarse
tras
más
de
30
años
de
llegadas
de
pateras
para
una
mejor
gestión
de
la
migración.
¿Ha
pecado
el
Ejecutivo
de
falta
de
previsión?
¿Era
esta
una
crisis
evitable?


RESPUESTA.

Hemos
visto
algunas
disfunciones,
pero
también
algunas
actuaciones
correctas.
Esta
no
es
una
crisis
de
llegadas
porque
estas
se
producen
y
seguirán
produciéndose.
La
llegada
de
extranjeros
por
las
costas
en
situación
irregular
no
es,
tristemente,
una
novedad.
De
hecho,
se
trata
de
un
fenómeno
que
nos
acompaña
desde
los
años
90
y
que
sigue
patrones
cíclicos
y
con
el
que
debemos
convivir.
Aunque
las
cifras
actuales
son
importantes
hay
que
recordar
que,
en
2006
llegaron
más
de
31.000
personas
en
cayuco
a
Canarias.
Ahora
son
20.000.
Por
eso
me
resulta
llamativa
la
sorpresa
con
la
que
aún
se
abordan
estas
situaciones,
que
vienen
repitiéndose
durante
los
últimos
30
años
en
diferentes
puntos
del
litoral
español.
La
pregunta
principal
que
deberíamos
hacernos
es:
¿Somos
capaces
de
aprender
las
lecciones
que
la
ya
dilatada
experiencia
nos
va
dejando?


P.

Entre
las
medidas
que
propuso
en
2018
estaba
la
necesidad
de
modificar
el
protocolo
de
llegada
a
costas
para
identificar
con
agilidad
a
menores,
personas
con
necesidades
de
protección
internacional
o
víctimas
de
trata.
Más
de
dos
años
después,
¿cree
que
se
han
tenido
en
cuenta
algunas
de
sus
propuestas
en
Canarias?


R.

Las
instituciones

han
hecho
algunas
cosas
correctamente.

Por
ejemplo,
la
actuación
de
Salvamento
Marítimo

y
de
la
Guardia
Civil
del
Mar
que,
en
muchas
ocasiones
ponen
en
riesgo
sus
propias
vidas,
rescatan
del
océano
a
quienes
intentan
llegar
a
nuestras
costas
en
embarcaciones
precarias.
También
la
de
los
equipos
de
Cruz
Roja
española
que
les
tienden
la
mano
y
les
proporcionan
esa
primera
asistencia
humanitaria
y
la
de
la
Policía
Nacional,
destinados
a
garantizar
su
seguridad
y
protección.
Es
verdad
que
también
hay
una
serie
de
carencias
y
que
deberíamos
tener
protocolos
de
intervención
que
garanticen
que
haya
infraestructuras
idóneas,
una
presencia
importante
de
medios
humanos
especializados

criterios
de
colaboración
y
coordinación
entre
administraciones,
sociedad
civil
y
organizaciones
internacionales.


P.

¿Qué
vieron
sus
técnicos
en
el
muelle
de
Arguineguín?


R.

Algunas
personas
llevaban
más
de
72
horas
en
el
recinto.
Esas
personas
no
deberían
estar
allí.

En
el
muelle
existía
un
riesgo
sanitario
elevado.

Había
hacinamiento,
falta
de
agua,
necesidad
de
desinfectar
continuamente,
no
se
garantizaban
las
cuarentenas
y
el
distanciamiento
social
no
se
respetaba.
También
comprobaron
la
presencia
de
presuntos
menores
de
edad.
Ante
el
cúmulo
de
disfunciones,
la
solución
no
era
otra
que
cerrarlo.
Por
eso
le
solicité
al
Ministro
del
Interior
que
clausurase
las
instalaciones.
El
error
más
evidente
en
esta
crisis
ha
sido
el
puerto
de
Arguineguín.
Ha
habido
demasiada
gente
durante
demasiado
tiempo.
Ahora
hay
que
tratar
de
ordenar
el
proceso
y
encontrar
una
salida
razonable
y
compleja
sin
renunciar
a
nada.
Por
eso
mi
respuesta
no
es
tanto
qué
vimos
en
el
muelle
de
Arguineguín
sino:
¿Qué
es
lo
que
ha
fallado
para
que
se
haya
tenido
que
utilizar
esas
instalaciones
para
la
acogida?
O
bien:
¿Qué
podemos
hacer
para
que
no
se
vuelva
a
repetir?


P.

¿Y
qué
se
debe
hacer?


R.

Reitero
lo
que
ya
dije
en
2018.
Es
urgente
que
las
administraciones
se
sienten
e
identifiquen
en
los
lugares
de
llegada,
un
catálogo
de
infraestructuras
próximas
que
puedan
utilizarse
de
forma
inmediata
según
las
necesidades.
Y
hay
que
tener
bien
preparado
un
sistema
de
identificación
de
personas
especialmente
vulnerables.
Las
administraciones
tienen
que
tener
un
grado
de
colaboración
que
ahora
mismo
no
tienen.
Tenemos
que
adelantarnos
a
los
acontecimientos,
la
improvisación
es
muy
mala
consejera.


P.

La
visita
de
sus
técnicos
se
extendió
a
todas
las
islas.
¿Con
qué
situación
se
encontraron?


R.

Hemos
visitado
las
islas
de
Gran
Canaria,
Tenerife,
Lanzarote,
La
Palma,
El
Hierro
y
Fuerteventura.
Estamos
elaborando
en
estos
momentos
las
conclusiones,
pero
puedo
destacar
algunas
buenas
prácticas.
En
primer
lugar,

la
acogida
del
pueblo
canario
que
en
plena
emergencia
sanitaria
,
con
una
crisis
económica
que
les
está
golpeando
muy
duramente,
está
siendo
solidario
y
acogedor.
También
destaco
en
la
recepción
de
los
cayucos
la
utilización
de
una
nave
en
el
puerto
de
Fuerteventura
para
detención
e
identificación
durante
las
primeras
72
horas.
Cuando
la
visitamos
acababan
de
salir
los
integrantes
de
varios
cayucos
y
vimos
las
instalaciones
con
literas
y
baños,
ya
desinfectados
y
en
perfecto
estado
de
limpieza.
También
destaco
la
utilización
de
las
instalaciones
que
se
crearon
en
2009
en
la
Comisaría
de
Playa
de
las
Américas,
en
Tenerife,
que
tiene
más
de
300
plazas
que
permiten
un
alojamiento
en
condiciones
adecuadas
durante
las
primeras
72
horas.


P.

¿Le
preocupa
la
situación
de
los
menores?

Ya
son
más
de
2.000
los
acogidos
por
el
Gobierno
canario.


R.

Su
situación
siempre
es
preocupante
y
valoro
el
esfuerzo
que
está
realizando
el
servicio
de
protección
de
menores
canario
que
ha
de
ser
expresamente
reconocido.
Hemos
superado
las
cifras
de
entre
2007
y
2009,
cuando
más
de
1.000
menores
extranjeros
no
acompañados
tuvieron
que
ser
acogidos
en
Canarias
y,
de
nuevo,
tenemos
que
ser
capaces
de
encontrar
una
respuesta
como
sociedad
y
como
país
a
estos
niños
y
niñas
que
se
ven
obligados
a
abandonar
sus
países
en
condiciones
inimaginables.
Volveré
a
solicitar
respecto
de
Canarias
lo
mismo
que
pedí
en
su
momento
para
Ceuta
y
Melilla:
que
se
valoren
medidas
específicas
para
la
acogida
y
protección
de
los
menores
no
acompañados.
El
esfuerzo
que
se
hace
en
Canarias
no
puede
ser
exclusivo
de
las
instituciones
canarias.
No
es
posible
que
gestionen
sin
ayuda
el
impacto
que
para
sus
sistemas
tienen
estas
llegadas.
Se
requiere
la
solidaridad
de
los
demás
territorios
de
España.


P.

¿Tiene
que
aplicarse
esta
solidaridad
entre
territorios
con
los
adultos?
¿Está
a
favor
de
las
derivaciones
a
la
Península?


R.

Creo
que
la
solución
a
este
problema
pasa
por
buscar
un
equilibrio.

Recurrir
a
confinar
en
Canarias
a
los
inmigrantes

que
han
llegado
a
lo
largo
de
los
últimos
meses
es
una
opción
que
yo
calificaría
como
no
adecuada
y
no
estoy
de
acuerdo
con
esta
estrategia.
Quien
propone
esto,
ha
optado
por
alejarse
de
las
posiciones
versátiles
y
por
el
contrario
defiende
una
respuesta
rígida.
Tenemos
que
acabar
con
la
manida
idea
de
que,
si
se
trasladan
esas
personas
a
la
Península,
lo
que
se
fomenta
es
que
vengan
más.
Por
eso,
creo
en
la
búsqueda
de
una
solución
compleja,
en
la
que
se
incluya
llevar
a
cabo
el
traslado
de
migrantes
a
la
Península.
No
se
debe
renunciar
a
esta
opción.
En
esa
zona
del
mundo,
el
África
sahariana
y
subsahariana
lo
que
ocurre
es
un
efecto
salida
por
muchos
motivos,
y
uno
de
ellos
consiste
en
las
condiciones
que
han
de
soportar
sus
habitantes
para
desarrollar
una
vida
digna.
En
este
escenario,
hay
que
moverse
y
trabajar
con
planteamientos
que
contribuyan
a
que
con
la
cooperación
podamos
fomentar
el
desarrollo
de
esas
sociedades.


P.

Hubo
una
polémica
decisión
de
la
fiscalía
de
Las
Palmas
por
la
que

se
separaron
a
madres
de
sus
bebés.

¿Cómo
valora
usted
esta
actuación?


R.

Esto
es
un
ejemplo
de
las
cosas
que
no
deben
hacerse.
Lo
seguí
con
mucha
preocupación
y
estoy
esperando
la
respuesta
de
la
Fiscalía
General
del
Estado,
a
la
que
le
di
traslado
de
las
quejas
que
recibí
sobre
esta
cuestión.


P.


La
asistencia
letrada
en
el
muelle
de
Arguineguín
y
otros
espacios
llegó
a
ser
inexistente.

Hoy
en
día
ha
mejorado,
pero
sigue
sin
hacerse
de
manera
individual
y
de
pie.
En
sus
últimos
informes
anuales,
refiriéndose
a
Ceuta
y
a
Melilla,
usted
insiste
en
que
las
asistencias
letradas
no
pueden
convertirse
en
una
mera
formalidad.
¿Es
lo
que
está
ocurriendo
en
Canarias?


R.

La
asistencia
letrada
es
manifiestamente
mejorable
y
me
preocupa
que
no
se
preste
adecuadamente.
Debe
hacerse
de
forma
individualizada
y
por
profesionales
que
puedan
dedicar
una
atención
suficiente
a
cada
una
de
las
personas
a
las
que
asisten.
Tanto
en
Ceuta
y
Melilla,
como
ahora
en
Canarias,
he
trasladado
al
Consejo
General
de
la
Abogacía
que
la
presencia
de
un
abogado
de
oficio,
con
formación
en
materia
de
extranjería
constituye
una
garantía
para
esos
migrantes.


P.

¿Qué
pasos
cree
que
son
necesarios
seguir
para
aliviar
la
situación
actual?


R.

No
creo
que
el
enfoque
correcto
sea
centrarse
en
“aliviar
la
situación
actual”.
Creo
que
es
el
momento
de
abordar
la
cuestión
migratoria
desde
un
punto
de
vista
más
global.
Si
no,
las
soluciones
que
damos
pueden
quedar
cojas.
Se
requiere
una
gestión
más
eficaz
de
los
flujos
migratorios
y
hacer
posible
una
migración
legal,
ordenada
y
segura


P.

¿Qué
opina
de
la
creación
de

macrocampamentos

en
las
islas
donde
se
alojarán
7.000
personas?


R.

Han
dicho
que

los
campamentos
son
una
solución
transitoria,

el
problema
es
que
para
aliviar
esa
transitoriedad
no
se
puede
renunciar
a
otras
opciones.
Como
le
he
dicho,
concentrar
a
los
inmigrantes
en
Canarias
no
puede
ser
la
única
solución.


P.

¿Qué
piensa
de
los
brotes
xenófobos
y
la
utilización
política
que
se
ha
hecho
de
ellos?


R.

Me
preocupa
mucho
y
creo
que
es
una
responsabilidad
de
todos
los
que
ostentamos
algún
cargo
público
no
utilizar
la
inmigración
como
herramienta
de
confrontación.
Instalarse
en
esa
dialéctica
y
el
abuso
de
la
tensión
es
un
error.

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