La vulnerabilidad frente a los desahucios: “No estamos viviendo, estamos sobreviviendo”

Yerkenia Ortiz y su familia, en Madrid.

Yerkenia
Ortiz
y
su
familia,
en
Madrid.
Santi
Burgos

“Llevo
17
años
en
España
y
jamás
he
pedido
ayudas.
Hasta
que
llegó
la
pandemia,
y
tuve
que
pedir
todas”,
dice
Yerkenia
Ortiz,
de
39
años
y
en
paro,
preocupada
de
que
la
echen
del
piso
en
el
que
vive
junto
a
sus
cinco
hijos,

en
el
distrito
madrileño
de
Puente
de
Vallecas.

“Me
despierto
cada
mañana
sin
saber
si
dormiremos
esa
noche
en
la
calle”,
lamenta
esta
mujer
dominicana.
Ortiz
entró
a
vivir
en
el
piso
con
un
contrato
falso,
un
caso
de
estafa
común:
te
alquila
la
casa
alguien
que
no
es
el
dueño,
y
luego
desaparece.

Un
portavoz
de
UCI
explica
que
el
piso
ha
sido
vendido
a
un
nuevo
propietario,
quien
ha
ofrecido
retirar
la
denuncia
si
se
marcha.
“Si
no
tengo
dinero
para
comer,
¿cómo
voy
a
tenerlo
para
pagar
un
piso?
No
estamos
viviendo,
estamos
sobreviviendo”,
explica
Ortiz,
que
ha
declinado
la
oferta.
Pilar
Clua,
de
la
PAH,
señala
que
la
pandemia
no
ha
incrementado
los
casos
de
estafa,
sino
que
los
ha
destapado.

En
plena
crisis,
los
afectados
no
pueden
presentar
un
contrato
de
alquiler

y
por
tanto
no
se
benefician
de
las
medidas
que
ha
puesto
en
marcha
el
Gobierno
para
paliar
la
crisis.
Ortiz
lleva
tres
años
en
paro
y
no
entra
dentro
de
los
criterios
de
vulnerabilidad
por
covid,
porque
su
situación
ya
era
precaria
antes.
“El
subsidio
de
430
euros
se
me
terminó
en
marzo.
Desde
agosto

solo
cobro
285
euros
del
Ingreso
Mínimo
Vital.

Con
cinco
hijos
a
mi
cargo
y
ningún
ingreso,
debería
estar
en
los
1.015
euros,
pero
hay
un
caos
administrativo”,
se
queja.

“Estoy
abandonada
por
el
sistema”
.

“Se
han
olvidado
de
la
gente
vulnerable
antes
de
la
pandemia”,
sentencia
Natalia
Palomar,
abogada
de
la
organización
Provivienda.
La
pobreza
genera
muchas
veces
una
gran
factura
emocional.
“Siento
que
soy
una
máquina.
Sin
ocupación,
dependiendo
de
otros,
y
siempre
preocupada
por
si
mañana
me
quitarán
la
casa.
Siempre
agitada”,
narra
entre
lágrimas
Ortiz.

“Nos
tratan
como
números,
no
como
personas”

A
Maite
Badenes,
de
45
años,
la
desahuciaron
el
11
de
noviembre
del
piso
de
Fuenlabrada
en
el
que
vivía
junto
a
su
madre
—propietaria
del
domicilio
desde
1980—
y
sus
dos
hijas
menores.
Badenes
pidió
un
crédito
de
27.000
euros
en
2015
para
abrir
un
restaurante.
El
negocio
quebró
y
no
pudo
devolver
el
préstamo,
con
lo
que
se
ejecutó
el
aval
hipotecario:
la
casa
de
su
madre.
La
vivienda
entró
a
subasta
y
la
adquirieron
en
2019
tres
fondos.
Maite
intentó
llegar
a
un
acuerdo
con
ellos,
sin
éxito.
Le
ofrecieron
3.000
euros
y
una
noche
de
hotel
si
se
marchaban.

“La
pandemia
ha
precipitado
el
desastre”,

explica.

“Nos
tratan
como
números,
no
como
personas”,
denuncia
esta
madrileña.
Badenes
es
víctima
de
violencia
de
género
y
vive
con
miedo
desde
que
su
agresor
salió
en
octubre
de
la
cárcel.
Actualmente
se
aloja
con
su
madre
en
el
domicilio
de
una
amiga,
vecina
de
Fuenlabrada.
Sus
dos
hijas
viven
temporalmente
con
compañeras
del
colegio.
Cuando
se
produjo
el
desahucio,
el
Ayuntamiento
de
Madrid
les
ofreció
un
piso
de
acogida,
pero
Badenes
lo
rechazó.
“Querían
enviar
a
mi
madre
a
una
residencia.
Nos
ofrecen
parches”,
explica
la
afectada.
Y
añade:
“Antes
de
producirse
un
desahucio,
deberían
obligar
a
las
dos
partes
a
negociar
y
mirar
las
condiciones
personales
de
ambas”.


“Cuando
te
echan
de
tu
vivienda
no
acaba
el
proceso,

comienza
otro
muy
tortuoso”,
señala
Daniel
Vega,
portavoz
de
la
plataforma
Stop
Desahucios.
Vega
remarca
la
dificultad
de
los
ciudadanos
vulnerables
para
acceder
a
viviendas
a
precio
de
mercado,
un
problema
que
ya
existía,
pero
que
se
ha
agudizado
con
la
crisis
de
la
covid-19.
Maite
Badenes
cuenta
que
ha
conseguido
un
alquiler
en
Torrijos
(Toledo),
que
pagarán
con
el
subisidio
que
recibe
y
la
pensión
de
su
madre.
“Gastaremos
más
de
la
mitad
de
los
ingresos
en
el
alquiler.
No
nos
queda
otra
que
malvivir”,
denuncia.

“Solicitamos
ayudas
económicas
que
nunca
llegan.
Hay
un
vacío
legal”

“Llevamos
seis
años
en
este
piso,
y
nos
quieren
echar
en
plena
pandemia”,
dice
Ismael
Garrigós,
de
43
años.
“Me
da
miedo
pasar
las
navidades
en
la
calle”,
agrega
su
pareja,
Dilcia
Aguilar,
de
36
años.

Viven
en
un
piso
del
distrito
madrileño
de
Legazpi

junto
a
sus
dos
hijos
menores
desde
2014,
cuando
la
PAH
negoció
con
la
gestora
Solvia
un
alquiler
social
en
11
inmuebles.
Ahora
el
contrato
se
ha
acabado
y
el
banco
propietario
ofrece
como
alternativa
venderles
el
piso,
pero
los
48.000
euros
que
pide
son
inasumibles
para
ellos.
El
único
ingreso
estable
es
el
sueldo
de
él:
733
euros
netos
como
vigilante
de
seguridad.
Para
Aguilar,
empleada
de
limpieza,

el
trabajo
se
ha
vuelto
más
incierto
con
la
covid
.
“Han
puesto
la
vivienda
a
la
venta
por
un
precio
ínfimo,
buscan
desentenderse
lo
antes
posible”,
denuncia
Garrigós,
quien
sabe
que
esa
venta
acelera
su
salida.

La
familia
recibe
apoyo
de
organizaciones
como
la
PAH
o
Cruz
Roja.
“Nos
asesoran
legalmente,
nos
dan
comida,
le
ofrecen
a
nuestro
hijo
refuerzo
escolar
gratis”,
explica
la
pareja.
“Se
está
dando
una
atención
desde
servicios
sociales,
cuando
lo
que
se
tiene
que
dar
es
recursos
y
apoyo
desde
las
políticas
de
vivienda”,
abunda
Natalia
Palomar,
de
Provivienda.
La
solicitud
de
ayuda

al
Instituto
de
la
Vivienda
de
Madrid
(Ivima)

sigue
sin
recibir
respuesta.
“La
vivienda
debería
ser
la
primera
medida
sanitaria
para
protegernos
de
la
enfermedad.
Ahora
mismo
los
desahucios
son
un
peligro
para
todos”,
zanja
Garrigós.

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