Los cinco euros perdidos de Eufemiano Fuentes

Eufemiano Fuentes, entrando al juzgado en 2013.

Eufemiano
Fuentes,
entrando
al
juzgado
en
2013.
LUIS
SEVILLANO

Quizás
afectado
por
un
brote
súbito
de
celeridad
y
optimismo,
o
quizás
por
llevar
la
contraria
a
la
maldición
que
parece
envolver
y
enrevesar
hasta
el
absurdo
el
caso,
el
juez
Eduardo
González
del
Campillo
decidió,
desafiando
al
fracaso
que
parecía
inevitable,
resolver
en
cinco
días
un
asunto
que
llevaba
cuatro
años
durmiendo
en
su
juzgado,
el
21
de
lo
Penal
en
Madrid,
y,
de
paso,
convertirse
en
el
magistrado
que
escribiera
el
punto
final,
el
definitivo
punto
final
judicial,
a
la
historia
de
la
Operación
Puerto,
la
mayor
operación
contra
el
dopaje
jamás
llevada
a
cabo
en
todo
el
mundo.

Para
ello,
el
25
de
noviembre
pasado
ordenó
que
la
petición
de
Eufemiano
Fuentes
y
otros
absueltos
en
el
juicio
a
su
servicio
de
transfusión
de
sangre
a
deportistas
de
que
se
le
devolvieran
los
bienes
que
se
les
incautaron
el
23
de
mayo
de
2006,
en
el
curso
de
su
detención
y
del
registro
de
sus
domicilios,
fuera
atendida
el
2
de
diciembre,
hoy,
miércoles,
a
las
10
de
la
mañana,
en
las
oficinas
de
su
juzgado,
en
las
que
en
ese
momento
no
había
aún
ninguno
de
los
objetos
reclamados.
Por
eso,
en
el
mismo
auto
de
convocatoria,
ordenaba
al
juzgado
31
de
la
Plaza
de
Castilla,
el
que
instruyó
la
causa,
que
le
enviara
todo
lo
que
conservara
de
la
lista
remitida
–maletas
con
documentos,
agendas,
un
calentador
de
agua,
un
sellador
de
bolsas
de
sangre,
un
neceser
con
100
jeringuillas,
una
nevera
portátil,
tarjetas
con
anotaciones
y
tres
llaveros
con
10
llaves
y
dos
mandos
de
garaje–,
recordaba
al
IMIM
de
Barcelona
(la
sede
del
laboratorio
antidopaje)
que
ya
en
abril
de
2019
le
había
ordenado
destruir
las
219
bolsas
de
sangre
incautadas,
pero
aún
estaba
esperando
que
le
informara
de
que
hubiera
ejecutado
lo
acordado,
y
oficiaba
a
la
Unidad
Central
Operativa
(UCO)
de
la
Guardia
Civil,
cuyos
agentes
habían
llevado
a
cabo
la
operación,
para
que
de
una
vez
devolviera
lo
que
aún
conservaba
en
sus
dependencias:
tres
teléfonos
móviles
Nokia
y
la
ACP
215
Haemonetics,
la
joya,
la
máquina
para
congelar
hematíes
(glóbulos
rojos)
cuya
adquisición
le
permitió
a
Fuentes
revolucionar
y
multiplicar
su
empresa
y
sus
ganancias,
pues,
congelada,
la
sangre
que
extraía
a
sus
clientes
se
podía
conservar
más
de
tres
meses
antes
de
ser
reinfundida,
y
no
solo
tres
semanas,
como
ocurría
con
las
bolsas
simplemente
refrigeradas.
Así,
los
ciclistas
que
corrieran
el
Tour,
por
ejemplo,
podrían
dejar
varias
bolsas
preparadas
ya
en
abril
o
mayo,
antes
de
reinyectárselas
en
julio,
sin
necesidad
de
más
viajes,
extracciones
y
reinfusiones
que
ponían
en
peligro
la
clandestinidad
de
las
operaciones,
prohibidas
por
la
legislación
deportiva.
En
el
mercado
de
segunda
mano
esa
máquina
se
vende
por
unos
10.000
euros.

Por
último,
pedía
también
a
la
Guardia
Civil
que
informara
acerca
del
destino
de
un
billete
de
cinco
euros
y
otro
de
10
francos
suizos
incautados
a
Fuentes
el
23
de
mayo
de
2006,
que
no
aparecían
por
ninguna
parte.

El
juicio
se
celebró
en
febrero
de
2013.
La
absolución
de
todos
los
juzgados
la
pronunció
la
Audiencia
Provincial
de
Madrid
en
junio
de
2016.
Un
mes
después,
el
11
de
julio
de
2016,
Fuentes
solicitó
por
primera
vez
la
devolución
de
lo
incautado.
Dos
años
más
tarde,
en
julio
de
208,
el
juez
ordenó
a
la
Guardia
Civil
que
le
remitiera
los
efectos.
La
institución
respondió
en
mayo
de
2019
que
ya
había
devuelto
todo
al
juzgado
31
salvo
la
ACP
y
los
Nokia,
que
continuaban
en
sus
dependencias.
De
los
billetes
no
decía
nada.

El
martes
1
de
diciembre
de
2020,
ninguna
de
las
órdenes
emitidas
cinco
días
antes
había
sido
cumplida,
ni
el
juzgado
31
había
enviado
al
21
los
efectos,
ni
la
UCO
había
remitido
la
ACP
ni
había
encontrado
los
billetes,
según
fuentes
cercanas
al
21,
que
ese
mismo
día
recibió
un
escrito
de
Tomás
Valdivielso,
el
abogado
de
Fuentes,
informándoles
de
que
había
sido
avisado
con
tan
poco
tiempo
(el
auto
del
25
de
noviembre
le
llegó
a
su
oficina
el
27,
el
viernes
pasado)
que
no
podía
organizarse
para
volar
de
Las
Palmas
a
Madrid
a
recoger
unos
efectos
que,
además,
dudaba
que
estuvieran
esperándole
en
el
juzgado.
Calculaba
el
letrado
en
su
escrito
que
el
viaje
le
supondría
a
su
representado
unos
600
euros,
que
no
pensaba
gastarse
si
no
estuviera
seguro
del
éxito
de
la
expedición,
de
cuyo
fracaso

que
estaba
seguro,
y
solicitaba
que
una
vez
que
el
juzgado
21
tuviera
todo
en
su
poder,
y
también
el
dinero,
se
procediera
a
citar
a
Fuentes
“con
antelación
suficiente
que
le
permita
buscar
un
billete
de
avión
económico”.

Si
judicialmente
la
Operación
Puerto
no
puede
calificarse
de
éxito,
tampoco
deportivamente
acabó
donde
deseaban
las
autoridades
antidopaje,
que
cuando
han
logrado
identificar
a
los
dueños
de
algunas
de
las
bolsas
incautadas
(solo
siete
de
los
más
de
30
sospechosos,
cuatro
en
activo
y
tres
retirados,
encontró
la
Agencia
Mundial
Antidopaje,
que
hasta
2017,
y
después
de
variadas
batallas
judiciales,
no
pudo
conseguir
muestras
para
sus
análisis
de
ADN)
se
han
encontrado
con
que
los
casos
han
prescrito
y
no
solo
no
pueden
sancionar
a
nadie,
sino
ni
siquiera
hacer
públicos
sus
nombres.

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