Sonia Iglesias: muerte sin cuerpo

Familiares y amigos de Sonia Iglesias se manifiestan en 2010.

Familiares
y
amigos
de
Sonia
Iglesias
se
manifiestan
en
2010.
Efe

Tenía
ocho
años
cuando
su
madre
fue
vista
por
última
vez

la
mañana
del
18
de
agosto
de
2010,
en
pleno
bullicio
comercial
de
Pontevedra
.
Ahora,
doblemente
huérfano,
Alejandro
Araújo
ha
pedido
al
juzgado
que
certifique
su
muerte,
después
de
que
la
búsqueda
de
Sonia
Iglesias,
en
los
lugares
más
insospechados,
no
diera
resultado.
El
principal
sospechoso,
el
marido
de
Sonia
y
padre
de
Alejandro,
falleció
hace
tres
meses.

La
tragedia
ha
marcado
la
niñez
y
adolescencia
de
Alejandro.
La
última
vez
que
la
familia
se
reunió
fue
el
día
de
su
primera
comunión,
vísperas
de
la
desaparición
de
su
madre.
Precisamente
esa
fatídica
mañana,
uno
de
los
recorridos
que
ella
tenía
previsto
hacer
por
la
ciudad
era
ir
a
ver
cómo
habían
quedado
las
fotos
de
la
fiesta
antes
de
ir
a
trabajar
en
la
tienda
de
Massimo
Dutti
de
la
que
era
encargada.

Marcado
por
esta
pérdida,
Alejandro
ha
tenido
que
enfrentarse
también
a
la
imputación
de
su
padre
como
principal
sospechoso
del
crimen,
la
hipótesis
que
siempre
ha
sostenido
la
Policía.
El
móvil
que
barajó
fue
el
divorcio
que
semanas
antes
le
había
planteado
Sonia
y
la
relación
que
esta
había
iniciado
con
un
empresario
español
residente
en
Venezuela.
Pese
a
todo,
el
chico
ha
convivido
con
él
y
le
ha
acompañado
en
su
larga
enfermedad,
aquejado
de
un
cáncer,
hasta
su
muerte
en
septiembre
pasado.


El

caso
Sonia
Iglesias

se
cerró
provisionalmente
en
dos
ocasiones
por
el
juzgado
de
Violencia
de
Género

por
falta
de
pruebas.
Las
claves
policiales
se
ciñen
a
una
horquilla
de
tres
horas
(entre
las
9.30
y
12.30),
desde
que
su
marido
la
lleva
en
coche
al
centro
de
la
ciudad
y
ella
se
bajó
para
ir
andando
porque
había
mucho
tráfico,
hasta
que
él
regresa
a
casa
y
fue
a
un
bar
que
frecuentaba
a
diario,
según
corroboraron
varios
testigos.

En
ese
lapsus
de
tiempo,
Julio
Araújo,
de
62
años,
que
trabajaba
en
el
negocio
familiar
de
venta
de
muebles,
recibió
dos
llamadas
en
su
domicilio
que
quedaron
registradas
por
la
Policía;
una
de
su
hermana
y
otra
de
una
empleada
de
la
tienda
para
preguntar
por
qué
su
mujer
no
había
ido
a
trabajar.
Al
día
siguiente,
un
hombre
encontró
en
una
cuneta,
cerca
del
monte
Castrove,
la
cartera
de
Sonia
con
la
tarjeta
sanitaria
dentro.
Allí
comenzaron
las
batidas
de
la
Policía,
pero
sin
utilizar
el
georradar
sobre
el
terreno.

Con

la
reapertura
del
caso
en
2018

la
Policía
citó
a
declarar
a
Araújo,
ya
imputado,
y
a
un
hermano
como
cómplice.
Ninguno
contestó
al
interrogatorio.
Los
coches
de
ambos
volvieron
a
centrar
las
pesquisas,
como
algunos
escenarios
ya
inspeccionados
al
principio,
y
otros
sorprendentes
como

el
panteón
de
la
familia
Araújo
que
alberga
unas
30
sepulturas
.
Se
sopesaron
todas
las
posibilidades
sobre
el
desenlace
de
la
mujer,
incluso
la
incineración
del
cuerpo.

Pero
este
rastreo
de
la
Policía
Científica
para
encontrar
restos
biológicos
de
Sonia
tampoco
dio
resultados.
“Todo
fue
desconcertante”,
recuerda
el
abogado
de
los
hermanos
Araújo,
Jesús
Santaló.
“Las
diligencias
se
archivaron
porque
no
hubo
tiempo
material
para
acabar
con
la
vida
de
Sonia
y
deshacerse
del
cuerpo”,
apunta.
Sin
embargo,
el
letrado
está
convencido
de
que
en
este
supuesto
crimen
hubo
al
menos
dos
cómplices,
“no
pudo
ejecutarlo
una
sola
persona”,
y
lamenta
que
hayan
quedado
sin
explorar
otras
vías
de
investigación
para
despejar
dudas
sobre
el
caso.

Santaló
alude,
entre
otras,
al
hombre
residente
en
Venezuela
que
iba
a
ver
a
Sonia
a
la
tienda
donde
trabajaba,
según
varios
testigos.
El
teléfono
de
prepago
que
ella
utilizaba
para
comunicarse
con
él
y
que
guardaba
en
su
taquilla
confirmó
esta
relación
y
sirvió
para
que
la
Policía
contactase
con
él.
“Este
hombre
viajaba
frecuentemente
a
Pontevedra,
pero
la
Policía
no
le
tomó
declaración”,
subraya
el
abogado.
Le
llamaron
por
teléfono
y
le
enviaron
un
cuestionario.
El
hombre
admitió
que
habló
con
Sonia
días
antes
de
su
desaparición
desde
Santo
Domingo
(República
Dominicana),
para
decirle
que
estaba
con
su
expareja
para
intentar
reconducir
la
relación.

El
expediente
que
ahora
tramita
la
justicia
pondrá
fecha
al
fallecimiento
de
Sonia
Iglesias,
lo
que
permitirá
desbloquear
los
asuntos
de
carácter
legal
y
administrativo
de
su
hijo,
como
la
herencia
de
sus
padres
o
la
parte
de
la
pensión
de
orfandad
que
le
corresponde
de
su
madre.

Ahora
ha
trascendido
que
la
empresa
en
la
que
trabajaba
siguió
abonando,
durante
un
año,
la
nómina
de
su
empleada
tras
su
desaparición,
y
también
ha
asumido
el
coste
de
la
hipoteca
del
piso
que
había
comprado
Sonia,
cuotas
que
sigue
pagando
en
la
actualidad,
según
confirmaron
fuentes
del
entorno
familiar.

El
caso
no
prescribirá
mientras
no
transcurra
el
plazo
legal
de
20
años.
Después,
aunque
apareciese
el
cuerpo
o
nuevos
indicios
de
un
presunto
crimen,
ya
no
se
podría
imputar
a
nadie.
Sonia
Iglesias
pasaría
a
los
anales
de
los
cientos
de
desapariciones
que
siguen
sin
resolverse
en
España,
o
tal
vez
como
crimen
perfecto.
“Yo
diría
que
más
bien
ha
sido
una
investigación
imperfecta”,
incide
el
abogado
Jesús
Santaló.

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