Interior resuelve un número récord de solicitudes de asilo

Una familia de venezolanos, solicitantes de asilo en España, en su casa de Guadalajara.
Una familia de venezolanos, solicitantes de asilo en España, en su casa de Guadalajara.Nacho Izquierdo

La Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que depende del Ministerio del Interior, ha cerrado un año frenético. Otro más. A pesar del parón casi absoluto y las restricciones fronterizas que supuso la pandemia durante casi tres meses, España se ha mantenido en 2020 como el principal país receptor de solicitantes de asilo de la Unión Europea. Las 88.762 nuevas peticiones recibidas han supuesto, sin embargo, una caída del 25% respecto a 2019 y la desaceleración ha permitido abordar una de las mayores deficiencias del sistema: reducir el stock de expedientes sin resolver. En solo un año, según Interior, la Comisión interministerial que estudia las concesiones de asilo ha dictado 116.614 resoluciones, una cifra histórica desde que se creó la Oficina en 1992.

España arrastra problemas para gestionar con diligencia los expedientes de asilo desde que en 2015 recibió a miles de sirios buscando refugio, pero el embudo se agravó hace tres años, cuando comenzaron a crecer exponencialmente las solicitudes. La OAR, un departamento olvidado, sin medios adecuados ni personal, se vio desbordada al pasar de 32.000 solicitudes en 2017 a más de 118.000 en 2019. España pasó entonces a ser uno de los países comunitarios más lentos en responder a las peticiones y, en diciembre de 2019, llegó a acumular un 23% del medio millón de casos pendientes en toda la UE.

Cumplir los seis meses que marca la ley para responder cada solicitud pasó a ser una misión imposible, un desfase que tiene un fuerte impacto en el también precario sistema de acogida que acumula miles de personas a la espera de respuesta. Entre los expedientes resueltos este año había casos de 2015.

En los cajones de la OAR aún quedan en torno a 94.500 peticiones pendientes, pero las cifras de resolución de 2020 revelan que se ha duplicado el ritmo respecto a 2019, cuando se resolvieron 62.592 peticiones, y que es la primera vez desde 2011 que se cierran más expedientes de los que se abren. “Ha sido un año difícil, pero el personal de la Oficina ha hecho un trabajo extraordinario”, celebra la directora general de Política Interior, Carmen López, consciente del trabajo que aún le queda por hacer. La Oficina está en pleno proceso de refuerzo y este año se incorporarán 231 funcionarios y se pondrá en marcha un nuevo sistema informático, dos medidas con las que se pretende ajustar el sistema a la realidad actual. “El plan a medio y largo plazo es que podamos cumplir en tiempo y forma y que podamos asumir todo el procedimiento que ahora, en parte, se apoya en la Policía que realiza las entrevistas”, afirma López.

Menor tasa de reconocimiento de la UE

España es también el país de la UE con la menor tasa de reconocimiento de la UE, apenas un 4%, según los últimos datos de Eurostat. Alemania reconoce un 45% y Francia un 19%. Más de la mitad de las peticiones estudiadas se han resuelto desfavorablemente y solo algo más de 5.000 personas han recibido protección en los términos que contempla el Convenio de Ginebra para los refugiados. España, sin embargo, ha concedido más de 40.000 permisos de residencia y trabajo por razones humanitarias. Esta fórmula, de la que se benefician sobre todo los venezolanos, se concede una vez se ha denegado la solicitud y no contabiliza en las tasas de reconocimiento.

El perfil de los solicitantes en España es completamente diferente al de sus socios europeos. Mientras Francia y Alemania, segundo y tercer país con más peticiones, reciben sobre todo afganos, sirios, iraquíes y guineanos, al menos un 80% de los solicitantes en España provienen de países latinoamericanos, la mayoría exentos de visado. Son, sobre todo, venezolanos y colombianos, cuyas circunstancias para salir de su país no siempre se ajustan a los criterios exigidos para recibir protección, como la persecución por motivos de raza, religión u opiniones políticas o el riesgo que pueden correr si regresan a sus países. Esta es, precisamente, una de las batallas de las ONG que trabajan por la defensa de los refugiados que consideran que las situaciones de violencia de las que huyen muchos de los solicitantes sí encajan en los criterios para recibir protección.

En la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) advierten además de los límites que impone España a potenciales refugiados. “Nuestro perfil es diferente al de otros socios de la UE, pero eso está directamente relacionado con la política de visados que aplica España, que está exigiendo visado de tránsito a sirios, yemeníes o palestinos procedentes de Líbano, entre muchos otros, que son perfiles 100% de asilo. España filtra así los perfiles que quiere recibir y excluye a personas que proceden de conflictos activos”, advierte la directora general de la organización. CEAR celebra que se resuelvan con más diligencia los expedientes, pero advierte de que la velocidad no puede perjudicar la calidad el procedimiento y sus garantías.

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