El déficit público se dispara por encima del 10% del PIB en 2020 a causa de la pandemia

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.ALBERTO ORTEGA / Europa Press

La pandemia ha causado un gran roto en las cuentas públicas. Las crisis desatada por la emergencia sanitaria elevó el déficit ―la diferencia entre ingresos y gastos de las Administraciones Públicas― hasta el 10,09% del PIB en 2020 ―sin incluir la ayuda financiera―, según ha confirmado este lunes el Ministerio de Hacienda, por debajo del 11,3% previsto en los pronósticos oficiales enviados a Bruselas. Si se incluyen las ayudas financieras, por el agujero aflorado en el banco malo (Sareb), el desfase presupuestario ascendería al 10,97% del PIB. El fuerte aumento del agujero presupuestario es el efecto directo de las medidas puestas en marcha para hacer frente a una crisis atípica. Por un lado, la adopción de medidas para mantener las rentas y el tejido productivo y blindar los servicios, como han sido los expedientes de regulación de empleo (ERTE), las ayudas para autónomos y el aumento del gasto sanitario han disparado los desembolsos. Por el otro, la caída de la recaudación y el parón de la actividad causada por los confinamientos han mermado los ingresos de las arcas públicas.

Lo cierto es que la covid-19 llegó en un momento en el que las cuentas públicas no estaban del todo saneadas. España acababa de salir del brazo correctivo de Bruselas ―el procedimiento de déficit excesivo―, en el que estuvo inmersa casi una década por sus elevados números rojos descontrolados desde la crisis financiera de 2008. Tras años de ajuste, el saldo presupuestario se fue corrigiendo, pero sin la velocidad suficiente que permitiera acumular un colchón para cuando vinieran mal dadas. En 2019, además, se cerró con un aumento del déficit público por primera vez en siete años: en ese ejercicio, el desfase entre ingresos y gastos se situó en el 2,8% del PIB pese al crecimiento económico, situándose muy cerca del límite máximo del 3% marcado por la Unión Europea.

El peor registro presupuestario de las Administraciones públicas se dio en 2009, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió expandir el gasto para intentar atajar la crisis financiera desatada tras la caída de Lehman Brothers. Entonces el agujero en las cuentas públicas se disparó hasta el 11,3% del PIB, superando los 120.000 millones de euros en términos absolutos. Otro de los años malditos en la contabilidad pública fue 2012, el año del rescate financiero. El déficit público alcanzó ese ejercicio el 10,7% del PIB tras los desembolsos del Estado para rescatar a las antiguas cajas de ahorro. Bankia fue el paradigma de aquel rescate con más de 24.000 millones.

ERTE y ayudas a autónomos

El año pasado, tan solo las medidas para mantener el empleo y las rentas supusieron entre cuatro y cinco puntos del PIB. Solo los ERTE y las ayudas a autónomos supusieron un coste de cerca de 40.000 millones de euros adicionales. A ellas se sumaron transferencias extraordinarias, como las recibidas del fondo perdido de 16.000 millones de euros asignado a las comunidades para apuntalar la sanidad y la educación, y la subida de otros gastos ordinarios como las pensiones ―que además se revalorizaron un 0,9%― o el incremento del sueldo de los funcionarios. Las medidas para mantener las rentas, un esquema adoptado en todos los países del entorno ante una crisis que no tiene su origen en desequilibrios económicos, ha permitido sin embargo que los ingresos por recaudación cayeran menos de lo que ha ocurrido en anteriores recesiones.

De momento, este elevado desfase presupuestario no provocará represalias de Bruselas: la UE ha activado la cláusula de escape, con la que ha suspendido las reglas fiscales durante 2020 y 2021, y baraja mantener congelado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento también el año que viene. A la vez, la política de tipos ultrabajos del BCE está permitiendo que los ingentes aumentos de la deuda pública ―en el caso de España, ya de por sí elevada antes de la crisis― no deriven en una bomba de relojería que amenace la sostenibilidad de las cuentas.

El Gobierno confía en que el reequilibrio presupuestario llegue a través de un sostenido crecimiento económico a lo largo de este año. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado contiene una previsión de crecimiento del PIB del 7,2% para este año, que se podría elevar hasta el 9,8% gracias al impacto de los fondos europeos para la recuperación, de los que España es la principal beneficiada. La lentitud en el proceso de vacunación y la demora en el desbloqueo de las ayudas comunitarias, sin embargo, pueden dejar en papel mojado estas previsiones.

Por ello, varios organismos, desde el Banco de España a la Autoridad Fiscal (Airef), ya han pedido al Gobierno en reiteradas ocasiones que empiece a diseñar un plan de reequilibrio de las cuentas, a ejecutar cuando la economía ―que en 2020 cayó un 10,8%― vuelva a la senda de crecimiento.

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