Detenido un expreso yihadista dispuesto a atentar que no pudo ser expulsado de España por la pandemia

Registro de la vivienda que ocupaba en Gipuzkoa uno de los presuntos yihadistas detenidos por la Guardia Civil en la Operación Graffiti.
Registro de la vivienda que ocupaba en Gipuzkoa uno de los presuntos yihadistas detenidos por la Guardia Civil en la Operación Graffiti.GUARDIA CIVIL / Europa Press

La Guardia Civil ha propinado un nuevo golpe a las redes de radicalización yihadista dentro de las cárceles con la detención, en la llamada Operación Graffiti, de dos condenados que hacían labores de captación y adoctrinamiento de otros reclusos, según ha informado este martes el instituto armado. Uno de los detenidos es Mohamed Akaarir, quien había cumplido una condena de dos años y dos meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo por difundir material radical en internet y que, cuando salió de prisión el año pasado, no pudo ser expulsado a Marruecos, como contemplaba la sentencia, porque el cierre de fronteras por la pandemia impidió hacerlo. Akaarir fue el primer yihadista al que la Audiencia Nacional aplicó la reforma del Código Penal del año 2015 que castiga a quienes se adiestran o adoctrinan de manera autónoma, sin necesidad de una organización, para perpetrar actos de terrorismo.

Este yihadista estaba en libertad vigilada desde el año pasado y controlado bajo una pulsera telemática, pero las pesquisas han revelado que su radicalización se había incrementado dentro de prisión y presuntamente había mostrado “su voluntad de atentar”, aunque no tenía planes concretos, señalan fuentes cercanas a la investigación. El segundo arrestado es Kamal Mohamed Driss, exmilitar de nacionalidad española, quien aún estaba recluido en el Centro Penitenciario de Córdoba. Driss estaba a punto de ser excarcelado tras cumplir una condena de seis años por su implicación en una trama desmantelada en Melilla por la Guardia Civil en la Operación Javer, en 2014, dedicada a captar combatientes para Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI), que opera en el norte de África.

La operación, que ha concluido con la detención de ambos, se inició en marzo de 2018 en la cárcel de Botafuegos (Algeciras), después de que funcionarios de prisiones de los Grupos de Seguimiento y Control —cuya función es vigilar a los presos peligrosos— alertaran de la aparición de varias pintadas en el patio, los baños y una celda relacionados con el Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés). En concreto, una pintada que representaba una bandera de la organización terrorista junto a otra que representaba un fusil de asalto. Las pesquisas iniciadas por estos funcionarios revelaron la existencia en este penal de un “grupo organizado de internos dedicado a la radicalización y captación”, en el que Driss jugaba presuntamente un papel destacado como “adoctrinador” de otros internos, según señala la Guardia Civil. La investigación ha revelado también que este preso mantenía correspondencia con otro recluso yihadista, Sadik Mohamed, detenido en Málaga en 2014 y al que los expertos de la lucha antiterrorista relacionan con el atentado perpetrado por el Estado Islámico, en 2013, contra la prisión de Abu Ghraib, en Bagdag (Irak), para liberar a presos yihadistas.

Akaarir era uno de los supuestamente captados y, a su vez, había empezado a reclutar a otros internos. Tras su puesta en libertad y la imposibilidad de expulsarle, este fijó su residencia en Pasaia-Antxo (Gipuzkoa), donde vivía cuando fue arrestado en 2016 por la Ertzaintza. Según detallan fuentes cercanas a la investigación, se le aplicaron medidas de libertad vigilada, también recogidas en su condena. Este es un mecanismo de seguridad y control incluido en el Código Penal en 2010 para terroristas y delincuentes sexuales con mal pronóstico de reinserción. Para ello, el expreso tuvo que fijar su domicilio y se le limitó la movilidad a esta provincia vasca y la zona sur de Francia, para lo que se le instaló una pulsera de control telemático. Además, se le sometió a otras medidas, entre ellas, comparecencias periódicas en la dependencia policial más cercana a su domicilio y la prohibición de acercarse a determinados lugares, como centros educativos, para evitar que desarrollase labores de radicalización.

Fuentes cercanas a la investigación señalan que, pese a esas medidas, Akaarir presuntamente siguió con sus actividades yihadistas e, incluso, mostraba “una voluntad sostenida en el tiempo” de dar un paso más allá y atentar. “Aunque no tenía planes concretos, sí había empezado a mostrar en sus conversaciones con otras personas signos alarmantes de tener intención de hacerlo”, señalan estas fuentes. Los investigadores interceptaron lagunas en las que supuestamente hablaba de cometer atentados contra turistas en Marruecos, donde sabía que iba a ser expulsado, e, incluso, dentro de la cárcel española, aunque esto lo descartó porque consideraba que no tendría “resonancia”. En su teléfono móvil, los agentes encontraron varias aplicaciones para conducir camiones (los atropellos masivos es uno de los métodos utilizados por los yihadistas para cometer atentados), pese a que no tenía carné de conducir. Además, presuntamente había iniciado gestiones para saber cómo hacerse con armas y fundas para estas, añaden las fuentes consultadas.

Con los indicios de su radicalización, un juez de la Audiencia Nacional ordenó la semana pasada la detención de ambos. La de Driss se hizo efectiva el pasado 26 de marzo al comunicársele su condición de investigado en la prisión de Córdoba, donde aún estaba recluido. En las próximas semanas iba a ser excarcelado tras cumplir la condena que se le impuso por la Operación Javer. En su caso también estaba previsto un periodo de libertad vigilada de seis años. A Akaarir lo detuvieron al día siguiente, poco después de las tres de la tarde, en el paso fronterizo de Irún, cuando regresaba del sur de Francia a bordo de un ciclomotor, detallan las fuentes consultadas. A ambos se les vincula con otro expreso de nacionalidad española detenido en Melilla el pasado 12 de marzo. Este último, que había ingresado en prisión por la comisión de delitos comunes con violencia, había coincidido con los ahora arrestados e iniciado tras ello un proceso de radicalización con el consumo de material yihadista.

Fuentes de la lucha antiterrorista destacan el papel protagonista que, en sus últimas comunicaciones, el Estado Islámico otorga a los presos yihadistas en su estrategia y el riesgo que muchos de ellos suponen cuando son excarcelados. La Fiscalía de la Audiencia Nacional también lo señalaba en su última memoria anual: “Los centros penitenciarios se han convertido en uno de los focos principales de captación, radicalización y adoctrinamiento”. Interior lleva años sometiendo a un estricto control a los presos musulmanes más radicales, a los que clasifica en tres grupos. El primero, formado en la actualidad por 107 internos, lo conforman aquellos que tienen condenas por terrorismo. El segundo está integrado por 44 que, como los tres detenidos ahora, entraron en prisión por un delito común, pero han derivado a postulados religiosos radicales y de defensa de violencia, de la que hacen proselitismo. El tercer grupo engloba a los denominados “presos vulnerables”, internos que por su situación personal o social corren el riesgo de ser captados. Interior incluye en este a 72 internos, según fuentes penitenciarias.

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