El contrato revela que la vivienda asaltada por la policía no era un piso turístico

Secuencia de la intervención policial en la fiesta ilegal del pasado domingo 21 de marzo en la madrileña calle de Lagasca. TWITTER
Secuencia de la intervención policial en la fiesta ilegal del pasado domingo 21 de marzo en la madrileña calle de Lagasca. TWITTEREL PAÍS

El piso de la calle Lagasca, de Madrid, en el que la Policía Nacional entró sin orden judicial en la madrugada del pasado 21 de marzo para poner fin a una supuesta fiesta ilegal, no era un piso turístico, como aseguraron los agentes en su atestado y ha defendido el Ministerio del Interior para justificar la polémica actuación, según la copia del contrato de arrendamiento facilitado a EL PAÍS por fuentes jurídicas. Siempre según esta copia, que aparece con los datos identificativos ocultos y que ha sido adelantada por El Confidencial, uno de los detenidos aquel día lo había alquilado dos meses antes “para su uso personal y vivienda habitual” por un periodo inicial de un año.

El departamento de Fernando Grande-Marlaska defendió este martes que los agentes habían actuado dentro de la legalidad al entrar sin autorización de un juez a la vivienda donde se encontraban 14 personas, entre ellas la que figura como arrendatario del piso, porque este “no constituiría morada, se trataba de un inmueble turístico al que se le estaba dando uso para la realización de una fiesta contraviniendo la actual normativa sanitaria”. Los juristas consultados por este diario han coincidido en señalar que, incluso en el caso de que la vivienda fuera una residencia ocasional, debe ser considerada morada o domicilio a efectos de inviolabilidad del mismo.

El contrato, de 10 folios de extensión, fue suscrito el pasado 22 de enero y tenía un año de duración, que podía ser prorrogado. El alquiler pactado fue de 1.650 euros mensuales e incluía una fianza de 3.000 euros. El documento especifica que el piso se destinaba “exclusivamente” como vivienda para el arrendatario y que, en el caso de que una tercera persona ajena a su “ámbito familiar directo en primer grado” entrara a convivir con él, este estaba obligado a comunicarlo al propietario, que podía decidir extinguir el mismo. El pago del alquiler está fijado para los cinco primeros días de cada mes, mediante transferencia bancaria.

El atestado policial elaborado por los agentes que acudieron a la vivienda tras recibir una queja de los vecinos recoge que aquellos “perciben un gran ruido en el interior, música excesivamente alta para las horas en que se produce la intervención [sobre la una de la madrugada], gritos y risas continuas”. El documento policial añade que los agentes pudieron observar “a simple vista que se trata de un piso turístico de los que habitualmente se alquilan por jóvenes para celebración de fiestas en su interior”. “Dados los evidentes indicios de infracción existente en el interior del referido inmueble turístico, los agentes proceden a llamar varias veces al timbre”, continúa el atestado dando por hecho que se trata de una vivienda vacacional.

En el vídeo, difundido en redes sociales, se ve a una joven negarse a abrir la puerta a los agentes si estos no portan una orden judicial. Tras un intercambio de palabras, los policías tiran la puerta con un ariete. Las 14 personas que se encontraban en su interior fueron propuestas para sanción por incumplir las medidas sanitarias contra la pandemia que impedía la celebración de fiestas y la presencia de personas no convivientes en los domicilios. De ellas, nueve fueron detenidas por supuesta desobediencia grave, incluida la persona que figura como arrendatario del piso. Sobre esta última, el informe destaca que los agentes tuvieron que “hacer uso de la fuerza” porque intentó usar su teléfono móvil cuando ya se le había comunicado su arresto.

Los agentes detallaron en el documento policial que toda su actuación estuvo amparada tanto en la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como ley mordaza y que fue avalada por el Tribunal Constitucional el pasado enero), que autoriza a los agentes a identificar a las personas cuando existan indicios de que han cometido una infracción, como en el artículo 18 de la Constitución y el 533 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que recogen las limitadas situaciones en la que está autorizada la entrada en una vivienda sin mandamiento judicial. Los policías añadieron que no solicitaron la orden judicial de entrada por “la necesidad urgente” de acabar con la fiesta y evitar el riesgo de contagio por coronavirus de los que participaban en la misma.

Interior, que en un primer momento evitó censurar la actuación de los agentes con el argumento de que el incidente estaba bajo investigación judicial, pasó a defenderlo el pasado martes, cuando afirmó que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actúan, también en estos supuestos, en el marco de la legalidad”. “Hay que tener en cuenta que el piso al que acceden los agentes no constituiría morada, se trataba de un inmueble turístico al que se le estaba dando uso para la realización de una fiesta contraviniendo la actual normativa sanitaria”, señalaron. Fuentes del ministerio insistían más tarde que en aquella vivienda no pernoctaban ninguno de los participantes en la fiesta. Esta tesis ha sido rechazada por más de media docena de expertos jurídicos consultados por EL PAÍS.

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