Comienza el juicio por la muerte de seis mineros en un accidente en un pozo de León en 2013

Homenaje a los mineros fallecidos en la entrada de los juzgados de León, este lunes.
Homenaje a los mineros fallecidos en la entrada de los juzgados de León, este lunes.J.Casares / EFE

Este lunes ha comenzado en León el juicio por la muerte de seis mineros en el pozo Emilio del Valle, en la localidad leonesa de La Pola de Gordón, tras un accidente el 28 de octubre de 2013 en el que un escape de gas grisú provocó el fallecimiento de los trabajadores. La primera sesión ha durado solo unos minutos porque varios abogados y la Fiscalía han solicitado su suspensión dada “la sospecha y en algunos casos certezas” de la existencia de seguros y pólizas. La jueza ha atendido este requerimiento y ha aplazado las vistas orales del lunes y del martes hasta comprobar si los técnicos e ingenieros acusados disponen de seguros privados que cubran su responsabilidad civil. El juzgado de lo Penal 2 de León acogerá las declaraciones entre abril y mayo para determinar si la culpabilidad del suceso se puede atribuir a la empresa Hulla Vasco Leonesa, que gestionaba la explotación. El Ministerio Público reclama para los 16 dirigentes de la compañía unas penas de tres años y medio de prisión e indemnizaciones millonarias para las familias de los difuntos y de otros empleados afectados.

Los responsables de la empresa, entre ellos el entonces presidente, Antonio del Valle, y el vicepresidente, Arturo del Valle, están acusados de seis delitos de homicidio con imprudencia grave y ocho lesiones por imprudencia. Las defensas de las familias de las víctimas, que este lunes han depositado rosas rojas ante la audiencia en señal de duelo por los mineros muertos y han acudido a las puertas con traje de mineros, reclaman que las condiciones de seguridad del pozo eran inapropiadas y propiciaron el accidente fatídico. Por eso sus letrados solicitan entre seis y siete años de prisión y compensaciones económicas de 1,1 millones de euros para los familiares de los fallecidos y más de 770.000 para los supervivientes. El informe de la Fiscalía recoge que existió “incumplimiento” de las pautas de seguridad y que las labores se efectuaban en “condiciones muy peligrosas y sin las adecuadas medidas de seguridad”. Las partes han propuesto a 70 personas entre testigos y peritos para que declaren en la Sala durante las semanas en las que transcurrirán las comparecencias.

Los fallecidos, de nombre José Antonio Blanco, Orlando González, Manuel Antonio Moure, Roberto Álvarez, José Luis Arias y Juan Carlos Pérez, tenían entre 35 y 45 años y una larga experiencia en la minería, sector esencial para la economía de las poblaciones de la montaña leonesa y asturiana. Cinco de ellos eran de poblaciones cercanas a este yacimiento y el restante era asturiano. Las familias se han quejado reiteradamente de la tardanza en que se produjera el juicio, que también se ha visto postergado por la pandemia, y han acusado a la empresa de retrasar los plazos.

El escape de gas grisú, que provocó que las personas perdieran la conciencia con su inhalación, se produjo en la planta 7 de la explotación minutos antes de las dos de la tarde, muy cerca de que concluyera el turno matinal de los mineros, que trabajaban a 700 metros de profundidad. El grisú, compuesto en su mayoría por metano, es mortal y de efecto tan inmediato que quienes lo respiran apenas tienen tiempo de percatarse de los escapes. Los mineros del pozo Emilio del Valle no pudieron siquiera llevarse la mano al cinturón, donde guardan el conocido como “autorescatador”, que regenera el aire que respira el usuario y le permite hasta 30 minutos de vida extra hasta que alguien pueda acudir en su socorro, aunque en esta ocasión no fue posible.

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