Cándido Conde-Pumpido comunica al Constitucional que no participará en la resolución de las sentencias del ‘procés’

El magistrado del Constitucional Cándido Conde-Pumpido ha decidido abstenerse de participar en las sentencias relativas al procés. Su renuncia ha sido comunicada formalmente este miércoles por carta al presidente del tribunal, Juan José González Rivas. Conde-Pumpido, exmagistrado de la Sala Pena del Supremo y exfiscal general, fue recusado por todas las defensas de los condenados en la causa del procés por supuesta falta de imparcialidad, en razón de una conferencia que pronunció en el Congreso en noviembre de 2017. Durante su intervención, el magistrado afirmó, entre otras cosas, sobre la situación que atravesaba el país tras los acontecimientos en Cataluña: “Lo que me preocupa es (…) la pretensión de subvertir el Estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia”.

El magistrado añadió: “Me preocupa la utilización populista de la contraposición entre una supuesta legitimidad democrática directamente emanada del pueblo y libremente interpretada por quienes la invocan, y la legalidad, la legalidad emanada de una Constitución que —esta sí— ha sido mayoritariamente aprobada. En resumen, me preocupa que se invoque la democracia —en concreto, la democracia directa para derrocar la Constitución—”.

A partir de ahora, el Constitucional quedará compuesto por nueve magistrados cuando tenga que deliberar o decidir sobre los recursos del procés. Ello se debe a que en octubre pasado renunció el magistrado Fernando Valdés, y con posterioridad han sido recusados primero Antonio Narváez y en segundo lugar Cándido Conde-Pumpido, quienes sin esperar a que se tomara una decisión sobre la solicitud de las defensas de apartarles de sus recursos, han tomado la decisión de abstenerse. En ambos casos, lo que los letrados de los líderes independentistas habían alegado es que con las manifestaciones de ambos, en conferencias pronunciadas tras los hechos de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña, el tribunal habría perdido toda apariencia de imparcialidad.

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