Una sombra en la estabilidad del Ejecutivo

Tan
inoportuno
políticamente,
para
algunos
partidos,
como
imposible
de
soslayar
o
modificar.
La
decisión
del
Tribunal
Supremo
de

revocar
el
tercer
grado
a
los
presos
del

procés

ha
soliviantado
a
las
fuerzas
independentistas
que
pugnan
entre
ellas
por

mostrar
el
mayor
grado
de
indignación
posible
.
No
solo
los
independentistas,
también
los
soberanistas
de
En
Comú
Podem.
Todos
ellos
piden
cuentas
o
acción
al
Gobierno
de
Pedro
Sánchez.
Poco
o
nada
puede
hacer
el
presidente
a
corto
plazo
y
no
es
probable
antes
de
las

elecciones
autonómicas
catalanas
del
14
de
febrero
.

Un
día
después
de
la

aprobación
de
los
Presupuestos
del
Estado
en
el
Congreso
,
a
falta
del
recorrido
por
el
Senado,
el
Gobierno
se
encuentra
con
la
exigencia
de
ERC,
uno
de
los
artífices
del
éxito
presupuestario,
de
que
“pare
los
pies”
a
quienes
quieren
“venganza”
contra
los
independentistas
catalanes

condenados
por
sedición
.
Quien
hace
la
petición,
Josep
Torrent,
presidente
del
Parlament,
miembro
de
ERC,
sabe
perfectamente
que
en
democracia
esa
demanda
al
poder
ejecutivo
para
que
actúe
contra
el
judicial
es
meramente
retórica.
Lo
sabe,
como
sabe
también
que
el
Gobierno
de
la
nación
puede
hacer
y
modificar
leyes
con
la
mayoría
que
ha
sacado
adelante
los
Presupuestos
del
Estado.

Aunque
no
se
dude
de
la
sincera
indignación
y
consternación
de
los
miembros
de
ERC
por
las
vicisitudes
penitenciarias
de
sus
compañeros
condenados,
no
es
irrelevante
la
presión
electoral
de
Junts
per
Catalunya
sobre
ellos.
“¿Qué
gana
la
causa
del
independentismo
con
el
apoyo
de
ERC
al
Gobierno
de
Madrid?”.
Con
esta
pregunta,
a
modo
de
reproche,
se
toparán
los
republicanos
hasta
los
comicios
catalanes,
que
ganarán,
según
las
encuestas.

Laura
Borràs,
candidata
de
JxC
,
acentuará
sus
ataques
por
ese
flanco.
Estos
algo
más
de
dos
meses
se
les
van
a
hacer
eternos
a
ERC,
al
PSC,
a
Unidas
Podemos
y
al
Gobierno.

La
voz
de
los
comunes,
con
Jaume
Asens
a
la
cabeza,
y
de
sus
hermanos
en
Madrid,
Unidas
Podemos,
se
escuchará
dentro
y
fuera
del
Palacio
de
la
Moncloa.
La
ley
exprés
de
amnistía,
inexistente
en
la
legislación
española,
que
va
a
pedir
el
independentismo,
no
será
la
fórmula
que
propugnen
los
socios
de
Gobierno
del
PSOE
pero


la
aceleración
de
las
fórmulas
que
están
ya
en
estudio
.
Puede
hacerlo
el
Gobierno
pero
debe
estar
dispuesto
a
asumir
la
merma
de
su
crédito
en
el
resto
de
España;
tampoco
el
propio
PSC
saldría
bien
librado
ante
una
parte
de
su
potencial
electorado.

Una
aceleración
de
la
reforma
de
la
ley
de
sedición
o
la
concesión
del
indulto

en
pocas
semanas
desde
la
mesa
del
Consejo
de
Ministros
será
acompañada
con
un
chaparrón
de
denuncias
del
PP,
Ciudadanos
y
Vox.
Incluso
sin
abordar
de
inmediato
esas
medidas,
la
denuncia
será
constante.
Estas
se
producirán
en
paralelo
a
las
concentraciones
y
peticiones
en
Cataluña
de
reiniciar
el
proceso
para
celebrar
un
referéndum
de
autodeterminación.
Vuelta
a
empezar
con
el
conflicto
catalán.

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