Detenidos tres reclusos yihadistas que dieron una paliza a otro que rechazó unirse a su ‘célula’

Un guardia civil registra la celda de uno de los reclusos acusados de radicalizar a otros internos en una imagen facilitada por la Guardia Civil.
Un guardia civil registra la celda de uno de los reclusos acusados de radicalizar a otros internos en una imagen facilitada por la Guardia Civil.EL PAÍS

La Guardia Civil detuvo el pasado miércoles a tres reclusos radicalizados en prisión como presuntos integrantes de una célula yihadista de captación que instigaba con amenazas a otros presos musulmanes a seguir los postulados del Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés). El grupo llegó a propinar una paliza a un interno que se negó a unirse a ellos causándole lesiones de importancia. Los tres arrestados cumplían condenas por delitos comunes, según detalló el Ministerio del Interior en una nota.

El presunto cabecilla de la trama, Mohamed F., de 40 años y origen marroquí, fue arrestado en el Centro Penitenciario de Daroca (Zaragoza). A sus dos compañeros, Mohamed A., de 43 años, y Karroubi B., de 62, ambos nacidos en Argelia, se les comunicó la detención en la prisión de Murcia II, en la localidad de Campos del Río. Al último, los agentes le intervinieron en su celda un arma blanca de fabricación casera —conocido en la jerga penitenciaria como “pincho”— hecha con cuchillas de afeitar. A todos se les ha intervenido documentación en árabe que está siendo analizada.

Los tres detenidos habían coincidido en la prisión murciana, donde los funcionarios de prisiones de los Grupos de Seguimiento y Control —cuya función es vigilar a los presos peligrosos— detectaron a mediados de 2019 su actividad de captación. Para hacerlo, los tres detenidos abordaban a internos musulmanes y les incitaban a unirse al grupo y seguir los preceptos del islam más rigoristas. A la vez, hacían proclamas a favor de las actividades terroristas del Estado Islámico. El cabecilla llegó a ensalzar los atentados de Barcelona y Cambrils, que provocaron la muerte de 16 personas en agosto de 2017.

Presos con condenas cortas

En el transcurso de las pesquisas, bautizadas como Operación Triangle, los investigadores observaron como los ahora detenidos elegían siempre a presos con condenas cortas o a punto de queda en libertad, a los que indicaban que, una vez fuera de prisión, alguien contactaría con ellos para continuar con la labor en favor de la yihad. Aquellos reclusos que se resistían a seguir sus postulados radicales eran coaccionados, a veces con amenazas hacia sus familias si eran de la misma región de origen que ellos. En al menos un caso, propinaron una paliza al recluso que los rechazó.

Esta agresión, ocurrida en enero de 2020, provocó el traslado de Mohamed F. a la prisión de Daroca, donde fue incluido por Instituciones Penitenciarias en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES) por su capacidad de liderazgo. Este recluso había ingresado en prisión en 2017 para cumplir una pena de siete años por agresión sexual. Los otros dos arrestados, que permanecieron en la prisión de Murcia, llevaban más tiempo en prisión. Karroubi había sido encarcelado en 2016 tras ser condenado a 10 años por robo con fuerza en las cosas, falsificación de documento público, estafa y robo en casa habitada. Mohamed A. cumplía desde 2009 una pena de 20 años por homicidio, detención ilegal, robo con violencia, lesiones y contra la salud pública.

Fuentes de la lucha antiterrorista destacan el papel protagonista que, en sus últimas comunicaciones, el Estado Islámico otorga a los presos yihadistas en su estrategia y el riesgo que muchos de ellos suponen cuando son excarcelados. La Fiscalía de la Audiencia Nacional también lo señala en su última memoria anual: “Los centros penitenciarios se han convertido en uno de los focos principales de captación, radicalización y adoctrinamiento”. Interior lleva años sometiendo a un estricto control a los presos musulmanes más radicales, a los que clasifica en tres grupos. El primero, formado en la actualidad por 107 internos, lo conforman aquellos que tienen condenas por terrorismo. El segundo está integrado por 44 que, como los tres detenidos ahora, entraron en prisión por un delito común, pero han derivado a postulados religiosos radicales y de defensa de violencia, de la que hacen proselitismo. El tercer grupo engloba a los denominados “presos vulnerables”, internos que por su situación personal o social corren el riesgo de ser captados. Interior incluye en este a 72 internos, según fuentes penitenciarias.

Operaciones Escribano y Kafig

No es la primera vez que las Fuerzas de Seguridad del Estado actúan contra grupos de reclusos radicalizados en prisión. En octubre de 2018, la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias desmantelaron en la llamada Operación Escribano una red de radicalización presente en 17 cárceles en la que participaban 26 reclusos musulmanes, la mayoría encarcelados por actividades terroristas, aunque también había presos por delitos comunes que habían adoptado posiciones extremistas dentro de la cárcel precisamente por la actividad del grupo. Entre los arrestados estaban dos de los condenados por los atentados del 11-M: Jamal Zougam y Hassan El Haski.

En febrero de 2019, era la Policía Nacional la que desmantelaba, en la Operación Kafig, una célula de adoctrinamiento dentro de una prisión, en este caso en la cárcel de Valdemoro (Madrid). Entonces fueron arrestadas siete personas, entre ellas cinco reclusos comunes que se habían radicalizado dentro de la cárcel. Uno de ellos, Suleimán E. M., supuestamente obligaba a presos musulmanes a cumplir con los preceptos del islam más rigorista y a ver vídeos radicales. Luego, elegía a presos concretos y les proponía cometer ataques en cuanto salieran de prisión. Para convencerlos, les ofrecían entre medio millón y un millón de euros para sus familias.

En diciembre de 2020, la Guardia Civil detuvo en el Centro Penitenciario de Las Palmas II a Yassine K., un recluso de 33 años condenado por delitos comunes que presuntamente se había radicalizado en prisión y mostraba su intención de crear una célula yihadista para atentar cuando fuera excarcelado. La investigación reveló que este recluso había logrado contactar desde prisión con miembros del crimen organizado con el supuesto fin de conseguir armas de fuego.

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